La Fiscalía Nacional de Chile anunció este viernes que abrirá una investigación penal de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, tras las revelaciones de los papeles de Pandora que lo vinculan a él y a su familia con la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en 2010.
“El fiscal nacional ha tomado esta decisión atendiendo que los antecedentes podrían revestir delitos de cohecho, delitos tributarios y soborno, materias que se investigarán”, señaló la portavoz de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en Chile estuvo a cargo de LaBot y Ciper y que también fue publicada por el diario español El País, reveló este domingo que una de las cláusulas del pago a la familia Piñera era que el gobierno chileno no declarara reserva natural la zona donde se establecería la Minera Dominga, cercana a la comuna de la Higuera, en la región de Coquimbo.
Anteriormente, Piñera había descartado cualquier conflicto de interés en esta compraventa y había señalado que en 2017 todos los hechos ya habían sido “conocidos e investigados por la Fiscalía, y es que los máximos tribunales de justicia en nuestro país, en forma unánime, se pronunciaron descartando toda irregularidad, descartando todo delito”.
Sin embargo, Herrera afirmó la tarde de este viernes que el contrato firmado el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas -documento que finalmente materializa el acuerdo- no estaba incorporado en la carpeta investigativa de ese entonces, contradiciendo la versión del mandatario.
Más temprano, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había declarado admisible una querella contra Piñera por el mismo caso. Esta fue presentada por el abogado Luis Mario Rendón, quien acusa al mandatario de negociación incompatible.
“La gravedad de todo esto es que se condicionó un pago, un pago relevante -US$ 152 millones-, a que el presidente no ejerciera sus atribuciones, porque declarar un parque nacional es una atribución del presidente, a través de un decreto supremo. Eso es inaceptable, que se haya condicionado un pago para no hacerlo”, afirmó Rendón.
Consultados sobre esta querella, desde la Presidencia de Chile señalaron que no emitirán comentarios.
Las bancadas de oposición acordaron este martes presentar una acusación constitucional contra Piñera la próxima semana, un mecanismo del Congreso de Chile, diseñado para esclarecer responsabilidades políticas en altos cargos públicos por alguna violación a la carta magna. Tras un juicio político, el acusado podría ser destituido o inhabilitado del ejercicio del cargo.