Santiago, Chile – Una reciente investigación de Ciper ha sacado a la luz la relación financiera entre el abogado Hermosilla y el Estado chileno, revelando que el profesional facturó más de $88 millones a la Subsecretaría del Interior por asesorías legales en materias judiciales. Este vínculo comenzó en 2012 y se extendió a lo largo de las dos administraciones del expresidente Sebastián Piñera.
De acuerdo con la información obtenida, apenas un día después del retorno de Piñera a La Moneda en marzo de 2018, Hermosilla fue contratado como trabajador a honorarios por el Ministerio del Interior, manteniendo esta relación laboral hasta el final del mandato de Piñera en enero de 2022. Durante este período, los pagos mensuales a Hermosilla fluctuaron entre $1,6 millones y $3,7 millones.
Sin embargo, los ingresos de Hermosilla por su relación con el Estado no se limitaron a sueldo. Registros de Transparencia y Mercado Público indican que el abogado recibió, además, al menos $239 millones por asesorías contratadas directamente, sin proceso de licitación, durante las presidencias de Piñera.
Entre los contratos más significativos se cuentan casi $74 millones asignados por la Subsecretaría del Interior para casos de alta relevancia mediática, como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, bajo la administración de Andrés Chadwick, cuando Hermosilla y Chadwick compartían estudio jurídico. Esta situación ha suscitado preguntas sobre la evaluación de posibles conflictos de interés.
Adicionalmente, Hermosilla fue frecuentemente elegido por varios ministros para representarlos en causas penales, optando por sus servicios en lugar de los proporcionados por el Consejo de Defensa del Estado, lo que sumó pagos por $41,7 millones.
La investigación también destaca el nombramiento de Ximena Risco Fuentes, abogada senior del estudio de Hermosilla, como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior en 2018, junto con la integración de otros colaboradores cercanos al abogado en el organismo estatal, profundizando los lazos entre su estudio jurídico y el gobierno de Piñera.
Estas revelaciones han generado una ola de críticas y cuestionamientos acerca de los potenciales conflictos de interés y la falta de transparencia en la contratación de servicios legales, poniendo nuevamente en discusión la relación entre el poder político y ciertos sectores del ámbito jurídico. La situación subraya la urgencia de implementar regulaciones más estrictas y mecanismos de supervisión más robustos en estas materias.
