En un paso trascendental para la gestión ambiental en Chile, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático ha aprobado una reforma sustancial a la Ley 19.300, que rige las bases generales del Medio Ambiente. La reforma, que implica cambios significativos en los procesos de evaluación ambiental, tiene como objetivo modernizar y fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica.
Uno de los cambios más destacados es la eliminación del Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA). Estos organismos serán reemplazados por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y su Dirección Regional. Las decisiones se basarán en antecedentes técnicos y evidencia científica, apuntando a un proceso más transparente y basado en el conocimiento.
La reforma también incluye la eliminación de los conceptos de “cargas ambientales” y de “comunidades próximas”, que han generado incertidumbre y han llevado a la intervención de tribunales en numerosas ocasiones. Se espera que este cambio facilite la comprensión y aplicación de la ley tanto para los titulares de proyectos como para la ciudadanía.
Otro aspecto importante es la creación de un procedimiento voluntario de participación temprana, permitiendo a los inversionistas mejorar el diseño de sus proyectos antes de su ingreso al sistema. Además, se introduce un recurso de reclamación único y simplificado para la impugnación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), lo que aportará mayor certeza y eficiencia al proceso.
La reforma también contempla considerar los impactos acumulativos y sinérgicos en la evaluación de proyectos, exigiendo que los proyectos informen sobre los impactos de otras iniciativas en su área de influencia. Este enfoque integral es un avance significativo en la evaluación ambiental, ya que considera el contexto más amplio en el que se insertan los proyectos.
Finalmente, se establecen reglas especiales para disminuir los plazos de evaluación en casos de necesidades públicas urgentes o cuando existan instrumentos de ordenamiento territorial.
Estas modificaciones representan un cambio profundo en la forma en que Chile aborda la evaluación y gestión ambiental, con un enfoque más integrado y participativo. Esta reforma es un claro indicativo del compromiso del país con la protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible, respondiendo a las demandas actuales y futuras en materia ambiental.
