La escasez hídrica en Chile ha pasado de ser simplemente una advertencia a convertirse en una realidad estructural preocupante. Nicolás Suazo, socio de Garnham Abogados, señala que, en este contexto crítico, el país ha visto un crecimiento sostenido en los proyectos de desalinización de agua de mar, especialmente enfocados en el sector minero. A medida que las tecnologías para este proceso avanzan rápidamente, la necesidad de un marco regulatorio claro se vuelve más apremiante. A pesar de contar con la primera planta desalinizadora del mundo, construida en Antofagasta en 1872, Chile ha permanecido un siglo sin una regulación específica, lo que contrasta con el enfoque proactivo de países con problemáticas hídricas similares como Estados Unidos, Australia, Israel y España, quienes ya han establecido reglas claras para asegurar tanto la inversión como la protección de sus comunidades y territorios.
La falta de un marco regulatorio ha generado incertidumbres ambientales y sociales que no solo afectan a los proyectos de desalinización, sino que plantean interrogantes jurídicas profundas, tales como el título habilitante para el uso del agua de mar. En este sentido, la nueva Ley de Desalinización, que se espera sea publicada próximamente, se presenta como una solución a este vacío normativo. Esta ley no solo aborda aspectos técnicos, sino que incorpora por primera vez la desalinización en una planificación pública de largo plazo a través de una Estrategia Nacional de Desalinización. Esta estrategia, que será desarrollada por la Dirección General de Aguas, evaluará diversos criterios hídricos, territoriales y ambientales, y se revisará cada seis años para asegurar su pertinencia y eficacia.
Uno de los aspectos más innovadores de la nueva ley es su enfoque en el interés público, especialmente en lo relativo al consumo humano y al saneamiento. En situaciones donde proyectos de desalinización no tengan como objetivo principal estas necesidades, la ley permitirá que la autoridad exija que un 5% de la capacidad productiva se destine al abastecimiento humano, siempre que existan condiciones hídricas locales adecuadas. Este enfoque busca equilibrar la inversión privada con la seguridad hídrica, aunque su éxito dependerá de una implementación juiciosa y de una supervisión rigurosa.
Adicionalmente, la ley introduce un régimen especial de concesiones para el uso de bienes nacionales en la zona costera, lo que permitirá que estas concesiones se otorguen por hasta treinta años, con una única renovación posible. Este nuevo régimen incorpora servidumbres legales específicas y un derecho preferente de renovación, lo que proporciona la certeza necesaria para las inversiones de gran escala. Sin embargo, también se establecen mecanismos más sólidos de control sobre los impactos sociales, territoriales y ambientales de estos proyectos, elevando el estándar en la gestión de estos recursos.
La Ley de Desalinización representa un marco ambicioso destinado a enfrentar el desafío crítico de asegurar acceso al agua en un contexto de cambio climático sin comprometer el territorio ni la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, como señala Suazo, el verdadero impacto de esta legislación no dependerá únicamente de su redacción, sino de la calidad en su implementación, del control efectivo sobre los proyectos y de la inclusión genuina de las comunidades y territorios afectados. Solo así se podrá garantizar que la desalinización no sea solo una solución técnica, sino una herramienta para construir un futuro hídrico sostenible en Chile.
