El gravamen implementado en la Ley 20.780 ha generado un impacto significativo en el control de las emisiones contaminantes en Chile, centrando su atención en las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2). Recientemente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha divulgado el listado de establecimientos que deben pagar el Impuesto Verde correspondiente al año 2025. Esta medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia que busca mitigar el impacto ambiental de la industria y fomentar prácticas más sostenibles.
El listado de este año incluye a aquellos establecimientos cuyas fuentes emisoras, de manera individual o conjunta, han superado las 100 toneladas anuales de material particulado o las 25.000 toneladas anuales de dióxido de carbono. Para el período 2025, la SMA ha cuantificado que un total de 105 establecimientos están obligados al pago del impuesto, lo que representa el 43,03% de los 244 establecimientos identificados inicialmente como potencialmente afectados por el Ministerio del Medio Ambiente en septiembre de 2024. Esta cifra indica un avance en la identificación de emisores significativos, un paso crucial en el cumplimiento de las normativas ambientales.
Geográficamente, la distribución de estos establecimientos afectos se concentra principalmente en las regiones del Biobío, Valparaíso y Antofagasta, que representan el 20,95%, 14,29% y 13,33%, respectivamente. Esta concentración sugiere que las zonas industriales y portuarias son las más propensas a generar emisiones nocivas, lo que subraya la necesidad de medidas estrictas en el control y regulación de las actividades que allí se llevan a cabo. La SMA, a través de esta iniciativa, busca no solo identificar a los culpables, sino también ofrecer un camino hacia la reducción de la contaminación atmosférica.
Claudia Pastore, Superintendenta del Medio Ambiente (s), afirmó que «el Impuesto Verde busca incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, contribuyendo al desarrollo sostenible del país». Con esta declaración, resalta el compromiso de la SMA en su rol de supervisión y fiscalización de las emisoras, una tarea esencial que se lleva a cabo mediante el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). Este sistema es clave para mantener un registro actualizado de las fuentes contaminantes y para el monitoreo de las emisiones que reportan los establecimientos.
Finalmente, la SMA se encuentra obligada a remitir la información obtenida sobre las emisiones al Servicio de Impuestos Internos (SII) dentro de los plazos establecidos por la ley. Este proceso es fundamental para asegurar que el impuesto sea cobrado de acuerdo con las verificaciones realizadas durante el año 2025. Así, se establece un marco que no solo busca generar ingresos, sino también promover una cultura de responsabilidad y sostenibilidad entre las industrias, instando a los emisores a asumir un papel activo en la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente.
