Una reunión no registrada en el marco de la Ley de Lobby entre los ministros Maisa Rojas (Medioambiente) y Nicolás Grau (Economía) con el exalcalde Pablo Zalaquett ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos en el gobierno chileno. El encuentro, centrado en la industria salmonera y previo al anuncio de un proyecto de ley de pesca por el Ejecutivo, fue el tema principal en la reciente sesión del comité político.
El diputado Jaime Mulet (Regionalista Verde) fue quien expresó su preocupación ante los líderes del gobierno y los presidentes de los partidos oficialistas, calificando la reunión como «grave». A pesar de que los ministros Rojas y Grau no profundizaron en detalles durante la sesión, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, defendió la legalidad del encuentro, alegando que no se trató ningún tema específico y que el gobierno busca dialogar con todos los sectores.
La versión de Vallejo fue respaldada por Grau, quien sostuvo que la reunión se centró en la salmonicultura desde una perspectiva general y no requería ser incluida en el registro de la Ley de Lobby.
Sin embargo, la polémica ha causado un gran revuelo tanto dentro de la coalición gobernante como en otros partidos políticos. Fuentes del Partido Regionalista Verde expresaron su descontento con el episodio, especialmente dada su fuerte inclinación hacia la agenda medioambiental. La situación ha agudizado las críticas dentro del Socialismo Democrático hacia la gestión de Rojas y ha impulsado a algunos miembros de partidos oficialistas a sugerir, de manera privada, la posibilidad de que los ministros implicados den un paso al costado.
Este incidente destaca la delicada naturaleza de la interacción entre los funcionarios gubernamentales y los representantes de diversas industrias, especialmente en temas sensibles como el medio ambiente y la pesca. Además, pone de relieve la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes en el ejercicio del gobierno, así como la necesidad de mantener la confianza pública en las instituciones del Estado. La respuesta del gobierno a esta situación será crucial para determinar el curso de la política ambiental y económica en Chile.
