El reciente fallo de la I. Corte de Apelaciones de Copiapó ha puesto en el centro del debate la problemática de la permisología en Chile. La resolución obligó a la Seremi de Salud a pronunciarse sobre la solicitud de la empresa Solenor, revelando una vez más el estancamiento que sufren muchos proyectos en el país debido a la excesiva burocracia. Este tipo de decisiones judiciales no solo son relevantes por su contenido legal, sino que también destacan una inquietante realidad: la inercia de las instituciones estatales puede vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos y las empresas.
La situación de Solenor es un claro ejemplo de cómo el exceso de regulaciones y la falta de respuestas por parte del Estado pueden llevar a pérdidas económicas significativas y afectar el empleo. La falta de decisión administrativa no solo detiene el avance de importantes iniciativas, como la que busca neutralizar residuos peligrosos en la región de Atacama, sino que también genera un clima de desconfianza entre los inversionistas y emprendedores que buscan contribuir al desarrollo del país. Es alarmante que, en un contexto donde todos desean avanzar, existan obstáculos que frenan el progreso.
El tiempo que se requiere para obtener autorizaciones puede ser abrumador. En muchos casos, lleva más tiempo obtener los permisos necesarios que diseñar, financiar y ejecutar el propio proyecto. Esto ha convertido a la permisología en una traba estructural, donde las empresas que intentan navegar por este pantano regulatorio se encuentran con cada vez más dificultades. Este desalentador panorama es un recordatorio de que, para fomentar el emprendimiento, se deben crear condiciones más favorables y menos restrictivas.
El fallo de la Corte no solo es un precedente legal, sino también un llamado a la acción urgente para romper con la inercia estatal disfrazada de prudencia administrativa. Es necesario que las autoridades se planteen la importancia de tomar decisiones ágiles y oportunas, que respondan a las iniciativas del sector privado. Sin un compromiso real por parte del Estado para simplificar los procesos y dar respuestas prontas, el desarrollo del país continuará estancado.
Para reactivar la economía de Chile, es fundamental cambiar el enfoque de la relación entre el Estado y los emprendedores. Las señales claras y contundentes por parte de las autoridades son necesarias para generar confianza y permitir que proyectos ambientalmente responsables y socialmente beneficiosos puedan materializarse. El momento de actuar es ahora; necesitamos más decisiones y menos silencios por parte de la administración pública. La oportunidad de avanzar hacia un Chile más dinámico y competitivo está en nuestras manos.
