La Fiscalía Regional de Coquimbo anunció el lunes 12 de mayo la apertura de una investigación de oficio por el posible delito de revelación de secretos, tras detectar filtraciones a la prensa relacionadas con la causa “Procultura”. Esta decisión surge en un contexto de creciente preocupación por la privacidad y la confidencialidad de los procesos penales en Chile, donde el manejo adecuado de la información se ha vuelto fundamental para garantizar la integridad de las investigaciones en marcha.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, la entrega oficial de antecedentes a los intervinientes del caso comenzó el 5 de mayo de 2025, tras el vencimiento del periodo de reserva legal establecido en el artículo 31 de la Ley 19.913 sobre lavado de activos. Este periodo, que había sido prorrogado en dos ocasiones a lo largo de 2024, finalizó entre el 2 y el 6 de abril de este año, según el tribunal competente.
La Fiscalía detectó que, posteriormente a la entrega de copias a las partes involucradas, se publicaron en diversos medios de comunicación contenidos que pertenecen a la investigación penal en curso. Ante esta situación, la Fiscalidad de Coquimbo decidió presentar una denuncia y abrir una causa para esclarecer si efectivamente se ha infringido el deber de reserva que protege los procesos penales, lo que podría configurarse como un delito bajo la legislación chilena.
Es importante resaltar que el delito de revelación de secretos, en el contexto de causas penales reservadas, implica la divulgación no autorizada de información confidencial y puede involucrar a aquellos actores del proceso que hayan tenido acceso a dicha información bajo un compromiso de confidencialidad legal. La Fiscalía Regional de Coquimbo hizo hincapié en su compromiso con el respeto a la ley y el manejo responsable de los procedimientos judiciales, destacando la importancia del debido proceso y la protección de la integridad de las investigaciones.
El caso “Procultura” ha estado bajo la lupa de la Fiscalía Nacional desde junio de 2024, involucrando diligencias en ocho regiones del país. Según el comunicado oficial, el proceso ha incluido entradas y registros en un total de 16 domicilios y la toma de 190 declaraciones. Esto pone de manifiesto la magnitud de la investigación y la necesidad de manejar con prudencia la información que se genera en torno a estos casos sensibles.
