En una reciente sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Independencia, se produjo un hecho notable cuando la mayoría de los concejales aprobó la remoción de Sebastián Sotelo, administrador municipal y colaborador cercano del alcalde Agustín Iglesias, quien se encuentra en la esfera independiente pro UDI. La votación culminó con seis votos a favor y tres en contra, incluyendo el del propio alcalde, lo que muestra una significativa división en el cuerpo edilicio. La decisión se tomó en un contexto de alarma política, respaldada no solo por la oposición, sino también por representantes del partido oficialista, como el Partido Comunista y el Partido Republicano, y tuvo como detonante las polémicas surgidas en torno a la revelación de cámaras de seguridad en el municipio que tenían capacidad para grabar audio sin el conocimiento de los funcionarios.
La controversia en el Concejo Municipal se intensificó cuando se reveló que las cámaras instaladas en la municipalidad no solo registraban imágenes, sino que también podían grabar conversaciones de trabajadores, vecinos y concejales. Durante el debate, el concejal José Miguel Cuevas, del Partido Socialista, enfatizó la gravedad de la situación: «Fuimos testigos de una declaración que confirma que en la Municipalidad de Independencia existen cámaras que no solo captan imágenes, sino también las conversaciones», señaló. La falta de comunicación y las decisiones tomadas por Sotelo e Iglesias fueron puestas en la mira por varios concejales, quienes exigieron una mayor transparencia respecto a la instalación y el uso de estos dispositivos.
La remoción de Sotelo no fue solo impulsada por la reciente controversia, sino también por un historial de denuncias que lo preceden. Varios concejales mencionaron antecedentes de Sotelo en la Municipalidad de Las Condes, donde había sido objeto de acusaciones por maltrato y persecución laboral. La concejala Leyla Pichara, del Frente Amplio, subrayó que la instalación de cámaras con capacidad de audio en espacios laborales sin el consentimiento de los trabajadores es una grave violación a sus derechos fundamentales. «Grabar conversaciones en el lugar de trabajo sin autorización constituye una intromisión indebida en la vida privada,» enfatizó. Este contexto de acusaciones y malas prácticas hizo que muchos concejales consideraran que la administración de Sotelo debía ser cuestionada y finalmente destituida.
A pesar de las contundentes acusaciones en contra de Sotelo, el alcalde Agustín Iglesias defendió su gestión, afirmando que la instalación de las cámaras se había realizado durante la administración anterior. En su intervención, Iglesias aseguró que su administración no había hecho uso de la función de grabación de audio, resaltando que si bien los dispositivos tienen esa capacidad, la función estaba desactivada. «No hay grabaciones de audio, no hay escuchas, y no hemos cometido ninguna ilegalidad,» afirmó con vehemencia, invitando a quienes posean pruebas de actividad ilegal a presentarlas. Esta defensa, sin embargo, no fue suficiente para cambiar el rumbo de la votación, donde solo Iglesias y dos concejales más se opusieron a la remoción.
La remoción de Sebastián Sotelo marca un capítulo importante en la política local de Independencia, poniendo de manifiesto tensiones entre la administración municipal y el Concejo. Con un respaldo político amplio y el rechazo de prácticas consideradas inadecuadas en la gestión administrativa, esta decisión podría tener repercusiones significativas en la forma en la que se manejan los asuntos internos del municipio. La necesidad de asegurar el respeto a la privacidad y los derechos de los trabajadores se ha convertido en un tema recurrente, lo que podría llevar a que se implementen reformas en las políticas de vigilancia y control dentro de las instituciones públicas. La atención se centra ahora en cómo se desarrollará la administración municipal bajo este nuevo panorama.
