La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2026, conocida como COP31, se inaugurará este lunes en Antalya, Turquía, en un contexto en el que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió que los compromisos climáticos actuales de los países solo permitirán reducir las emisiones globales entre un 11% y un 15% para el año 2035. Este nivel de reducción es significativamente inferior al 45% necesario para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C sobre los niveles preindustriales, lo que pone de relieve la urgencia de adoptar medidas más drásticas si se desea evitar un calentamiento superior a los 1,5 °C, que ya parece inevitable si se mantienen las tendencias actuales de emisión.
El reciente Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del PNUMA enfatiza que, si las políticas actuales continúan como hasta ahora, el calentamiento global podría alcanzar 2,8 °C, y aún con un cumplimiento total de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), se prevé que llegue a 2,6 °C. En particular, las emisiones del sector del transporte, que se ha convertido en la principal fuente de emisiones en varios países, incluyendo Chile, están aumentando, lo que agrava la situación climática. En 2022, las emisiones del transporte en Chile superaron a las de la generación eléctrica, alcanzando casi 30,000 kilotoneladas de CO2 equivalente.
Desde el 1 de enero de 2026, la Unión Europea implementó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), el cual afecta a ciertas importaciones de bienes intensivos en carbono. Sin embargo, este mecanismo no grava el transporte en sí, lo que genera interrogantes sobre cómo las empresas deben contabilizar sus emisiones de transporte. Según CarbonTracker, las empresas chilenas tienen la opción de solicitar datos sobre las emisiones de transporte, lo que representa una oportunidad para que los clientes se involucren más en la sostenibilidad de su cadena de suministro e impulsen a los proveedores a ser más transparentes con respecto a sus emisiones de carbono, mejorando así sus prácticas ambientales.
Con la directiva Ómnibus I en vigor desde marzo de 2026, las empresas de la Unión Europea con más de 1,000 empleados están obligadas a reportar su sostenibilidad, incluyendo las emisiones dentro de su cadena de suministro. A pesar de que esto no se aplica directamente a empresas chilenas, los proveedores en Chile deben prepararse para cumplir con estándares que probablemente serán exigidos en futuros acuerdos comerciales. Las empresas deberán monitorizar sus emisiones con una mayor precisión, separando las emisiones de su propia flota y del flete que contratan o que es pagado por sus clientes, lo que es crucial para responder adecuadamente a las solicitudes de información por parte de sus clientes en Europa.
Para que las empresas chilenas se alineen con los estándares internacionales de emisiones, el primer paso es identificar los responsables del transporte de cada carga. Posteriormente, deben medir las emisiones por envío utilizando métodos recomendados por el GHG Protocol, como el consumo de combustible reportado por transportistas. También es fundamental aplicar factores de emisión reconocidos, como los establecidos por el programa HuellaChile, que permite calcular las emisiones generadas por el uso de diésel en los vehículos de carga. La adopción de prácticas de logística verde, como la consolidación de carga y la eficiencia operativa en los almacenes, es fundamental para que las empresas logren cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y contribuyan de manera efectiva a la lucha contra el cambio climático.
