En la localidad de Perquenco, la Comunidad Mapuche Llancamil-Challacura, liderada por el lonko Juan Lincopi, ha denunciado la persistente presencia de racismo ambiental que afecta su territorio. Esta situación se ha manifestado a través de la existencia de un vertedero municipal clausurado de manera ineficaz, una planta de aguas servidas que vierte residuos al río local y una escombrera privada que opera sin autorización. Según los miembros de la comunidad, estas instalaciones se han situado sin el debido respeto por los derechos indígenas, causando la contaminación del suelo y del agua durante décadas, y dejando a las autoridades en una evidente falta de fiscalización y control sobre el impacto ambiental que están generando.
El vertedero municipal de Perquenco, operativo desde 1995, se ha convertido en un símbolo del incumplimiento de los derechos de la comunidad. A pesar de que se anunció su cierre en 2010, la falta de un plan de clausura efectivo ha permitido que continúe como un depósito ilegal de desechos. Los impactos en la salud de los vecinos son alarmantes, ya que se han reportado serios problemas de contaminación que afectan las aguas subterráneas y los pozos cercanos. Este escenario refleja una falta absoluta de responsabilidad estatal, que ha dejado a la comunidad a merced de las consecuencias de esta inacción.
La situación sanitaria y ambiental en Perquenco es alarmante. Las denuncias de la comunidad describen una serie de filtraciones de lixiviados a los pozos y la proliferación de vectores que amenazan la seguridad y salud de las familias que habitan en las cercanías. En este contexto, la planta de aguas servidas que descarga residuos al estero Perquenco se suma como un factor de riesgo significativo, generando un ciclo de contaminación que pone en evidencia la falta de regulación y protección ambiental en favor de las comunidades mapuche. Este hecho se enmarca dentro de un patrón histórico de discriminación que, a pesar de ser denunciado ante organismos internacionales, aún no encuentra remedio efectivo.
La comunidad ha exigido acciones urgentes que van desde la realización de estudios y auditorías independientes sobre la planta de aguas servidas, hasta la clausura definitiva del vertedero mediante un plan participativo, que debe incluir la voz de los indígenas. Además, solicitan que se realice una fiscalización de la escombrera ilegal y la urgente remediación de las aguas contaminadas. La prioridad es clara: proteger los recursos naturales y hacer valer los derechos indígenas frente a estas injusticias, a la vez que se busca implementar un plan de mitigación y restauración ecológica que compense los daños ya causados.
Un informe reciente, redactado por la comunidad Llancamil-Challacura y el lonko Juan Lincopi, destaca la existencia de un patrón sistemático de violaciones a los derechos indígenas y ambientales en la región. El documento exige una respuesta integral que contemple tanto la remediación ecológica como la reparación histórica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Esta exigencia pone en primer plano la importancia de la consulta y la participación efectiva de las autoridades mapuche en la búsqueda de soluciones, afirmando que el Estado debe priorizar por encima de intereses económicos la vida y el territorio de las comunidades mapuche, marcando una clara ruta hacia la justicia ambiental.
