El 23 de octubre de 2019, en medio de un clima de descontento social en Chile, el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, envió un oficio al Ministerio del Interior, en ese entonces dirigido por Andrés Chadwick, solicitando urgentemente la adquisición de materiales disuasivos para el control del orden público. Rozas advirtió sobre la «demanda exponencial» de pertrechos y específicamente de químicos disuasivos, mencionando que el stock disponible era insuficiente para enfrentar la contingencia que se vivía en el país. En su solicitud, destacaba la necesidad inminente de contar con cantidades específicas de cartuchos, granadas y aerosoles, esto bajo la coordinación del jefe del Departamento de Armamento y Munición, Marcelo Lepín. La carta subrayaba la urgencia de responder a las crecientes manifestaciones y alteraciones del orden público.
Dos días después, el 25 de octubre de 2019, Carabineros concretó un contrato de compraventa con la empresa TEC HARSEIM SPA, representante en Chile de la brasileña CONDOR S/A Industria Química. Este acuerdo, realizado mediante trato directo, contemplaba la adquisición de una gran cantidad de munición no letal y material disuasivo, sumando un total de 50.444 unidades de cartuchos y diversas granadas. El precio total alcanzaba los 804.422 dólares, y se estipuló que las especies serían entregadas en el aeropuerto de Río de Janeiro, siendo posteriormente trasladadas por la Fuerza Aérea de Chile. Sin embargo, en el contexto de Control de Calidad, Carabineros únicamente realizaría una inspección visual de los productos, lo que generó cuestionamientos sobre la calidad y eficacia de los materiales adquiridos en una situación crítica.
El 20 de noviembre de 2019, se firmó otro contrato similar con la misma empresa, nuevamente por trato directo, en esta ocasión por un monto de 170.243 dólares para la compra de granadas y proyectiles de gas lacrimógeno. Al igual que en el contrato anterior, se reiteró que la inspección de los productos sería solamente visual, lo que pone de relieve una práctica preocupante en la adquisición de materiales de control policial. Esta situación evidenció una falta de protocolos rigurosos en la verificación de la calidad y seguridad de los insumos, pese al alto riesgo que suponía su uso en manifestaciones masivas, donde la integridad de los asistentes estaba en juego.
El 29 de noviembre de 2019, Carabineros formalizó un tercer contrato con otra filial de CONDOR S/A, adquiriendo aún más material disuasivo por un total de 3.418.200 dólares. Al igual que en las transacciones anteriores, la verificación de los productos sería mínima, restringiéndose a una mera inspección visual. Esta serie de compras, que sumó un total de más de 4.4 millones de dólares en apenas dos meses, se ejecutó en un contexto de creciente violencia y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en Chile. Testimonios y estudios reflejan que estas cifras de adquisición contrasta notablemente con el aumento de los heridos y víctimas de trauma ocular provocados, en parte, por el mal uso de armas y materiales de represión.
A medida que avanzaba la situación en el país, surgieron negativas sobre la calidad de la munición adquirida, lo que llevó a la necesidad de revisar la procedencia y las características de estos materiales. Autoridades y expertos han señalado que la falta de pruebas de funcionamiento previas a su uso no solo puede poner en riesgo la vida de quienes manipulan estos productos, sino también la seguridad de los civiles. La debilidad en los controles de calidad quedó en evidencia, lo que llevó a especialistas a exigir una revisión exhaustiva de las prácticas de compra y los procedimientos de pruebas de seguridad. Las críticas han resaltado que la rapidez en la adquisición de estos elementos no debió priorizarse ante la vida de personas, sugiriendo la implementación de medidas más robustas y responsables en futuros eventos de gestión de materiales de control de orden público.
