La reciente propuesta de Ley de Fraccionamiento Pesquero, presentada en septiembre de 2024, se enfrenta a una fuerte oposición por parte de las empresas de la industria pesquera, que amenazan con llevar el asunto a los tribunales y realizar despidos masivos si la legislación es aprobada. Compañías como Camanchaca y Blumar, ligadas a poderosos conglomerados familiares y capitales transnacionales, han escalado su resistencia y argumentan que la ley representa un ataque a derechos adquiridos y a la confianza legítima en el marco regulatorio existente. Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto en el que la Ley Longueira, que otorgó beneficios significativos a unas pocas familias, sigue generando controversia desde su aprobación en 2012.
Ricardo García, gerente general de Camanchaca, expresó abiertamente en la junta de accionistas del 25 de abril su intención de demandar al Estado si el proyecto de ley avanza, subrayando que la medida perjudica intereses asociados no solo a su empresa, sino también a los fondos de pensiones de millones de chilenos. Por su parte, Blumar alertó que la nueva legislación podría poner en peligro aproximadamente 6.500 empleos en la región del Biobío y afectar a 400 pequeñas y medianas empresas que dependen del sector. Estos posicionamientos evidencian la magnitud de las implicancias económicas que la ley podría desencadenar, generando un debate que trasciende lo legislativo hacia una crisis social.
El lobby coordinado de las grandes pesqueras es evidente, con empresas como Camanchaca, Blumar, FoodCorp y Landes alineándose en una estrategia conjunta para frenar el proyecto de ley. Según reportes, estas firmas, que controlan cerca del 60% del jurel, están considerando acciones legales por lo que consideran «expoliación» y han descrito el proyecto como una lápida para la industria pesquera. La presión económica es palpable, especialmente cuando se observa que estas mismas compañías han reportado utilidades millonarias, lo que contrasta con las advertencias de pérdidas que comunican a la población y a los trabajadores.
Sin embargo, este conflicto no se limita al ámbito económico. Mientras las empresas industriales presionan para mantener sus privilegios, los pescadores artesanales enfrentan un entorno cada vez más peligroso. Accidentes recientes, como la desaparición de siete pescadores artesanales tras una colisión con un buque industrial de Blumar, han puesto de manifiesto las consecuencias humanas de la predominancia de la pesca industrial en las aguas chilenas. Los líderes de la pesca artesanal han denunciado que estos accidentes son comunes y se deben a la falta de regulación y protección en un sistema que favorece a las grandes embarcaciones a expensas de las lanchas más pequeñas.
En este contexto, el dilema del gobierno y de los parlamentarios se intensifica: ceder ante las amenazas del lobby industrial o avanzar hacia una reforma que busque corregir los efectos nocivos de la Ley Longueira. Según la OCDE, Chile ha postergado por décadas la implementación de cambios significativos en su política pesquera. Ante la inminente aprobación de la Ley de Fraccionamiento, las presiones de las pesqueras ponen de relieve una lucha entre un modelo extractivista que prioriza los intereses de unos pocos y la necesidad de justicia social que busca proteger a los trabajadores y las comunidades más vulnerables.
