El lunes 3 de noviembre, la región de Atacama se convirtió en el escenario de una reunión crucial para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente. La Ministra de Minería, Aurora Williams, y la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, encabezaron el encuentro, que reunió a representantes del gobierno, la industria minera y la comunidad, incluidos la diputada Daniella Cicardini y el Gobernador Regional, Miguel Vargas. En este cónclave, se abordaron las inquietudes sobre los nuevos reglamentos derivados de la Ley 21.600, que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), centrando el debate en los desafíos que plantea la declaración de 99 polígonos como “sitios prioritarios” dentro de la región y el país.
Durante la reunión, líderes de la minería local, como el presidente de la Asociación Minera de Copiapó, Sergio Ghiglino, expresaron su agradecimiento por la apertura al diálogo. Ghiglino hizo hincapié en la necesidad de extender los plazos para el establecimiento de estos sitios prioritarios, argumentando que es fundamental estudiar a fondo su impacto sobre las actividades económicas de la región. En sus palabras, los asistentes coincidieron en la importancia de garantizar que las decisiones sobre la protección del medio ambiente no se tomen a expensas de la economía local, subrayando la necesidad de integrar la opinión de las comunidades que dependen de estas actividades.
«La voz de Atacama debe ser escuchada cuando se trata de decisiones que nos afectan», resaltó Juan José Ronsecco, Presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA). Ronsecco enfatizó que la región ha trabajado arduamente para atraer inversiones responsables que actúen como catalizadores para reactivar la economía local. Asimismo, defendió la propuesta de formar una mesa de trabajo en Atacama que involucre a todos los actores relevantes en la toma de decisiones, incluyendo académicos y representantes de gremios que puedan aportar una visión más amplia sobre cómo abordar la conservación de la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo.
Los participantes en la reunión denunciaron que la falta de diálogo y planificación adecuada en la implementación de las nuevas regulaciones podría conducir a un desbalance entre la preservación medioambiental y el desarrollo económico. El Superintendente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de CMP, Soffia Gotelli, y el Subgerente de Estudios y Encadenamiento Productivo, Aldo Molina, apoyaron esta iniciativa, enfatizando la importancia de un enfoque que contemple las realidades locales y las voces de los habitantes de la región. La búsqueda de un consenso que permita equilibrar ambos aspectos se resaltó como una prioridad en la agenda conjunta.
Finalmente, la reunión culminó con un compromiso de seguir trabajando en conjunto y construir un marco normativo que sea justo y efectivo para todos. La propuesta de ampliar los plazos para el análisis de las áreas prioritarias y formar una mesa de trabajo en Atacama fueron vistas como pasos positivos hacia un futuro en donde la minería y la conservación del medio ambiente puedan coexistir de manera armoniosa. Este encuentro se considera un modelo de cooperación entre el gobierno y diversos sectores, en un momento en que las decisiones tomadas pueden marcar un precedente importante para el desarrollo sostenible en la región.
