El proyecto Dominga está a un paso de cerrar un ciclo de tramitación que ha durado más de una década, convirtiéndose en un referente sobre los costos asociados a la incertidumbre regulatoria en Chile. La propuesta de rediseño ambiental promovida por el Gobierno busca abordar las brechas estructurales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un proceso que ha estado marcado por la falta de plazos claros. Con una inversión proyectada de US$ 2.500 millones, Dominga ilustra cómo la superposición de trámites administrativos y judiciales puede entorpecer la realización de proyectos de alta inversión. Este caso no solo es significativo por su monto, sino también por lo que representa en términos de la señal que envía al mercado en cuanto a la previsibilidad de la regulación, un elemento esencial para atraer inversiones en sectores críticos como el de la minería y energía.
La necesidad de reformar el SEIA se vuelve evidente al considerar que uno de los principales obstáculos radica en la coexistencia de elementos técnicos y aparatos de discrecionalidad política. Estos factores dificultan la coherencia y consistencia en la toma de decisiones, lo que contribuye a la incertidumbre en el proceso evaluativo. La revisión del rol de estas instancias resulta crucial para mitigar la volatilidad en las decisiones y garantizar una mayor estabilidad en el sistema. Sin embargo, los esfuerzos por simplificar los procedimientos no deben comprometer la calidad técnica de las evaluaciones ambientales, ya que cualquier debilidad en esta etapa puede repercutir negativamente en la judicialización posterior.
Recientes hallazgos indican que la judicialización se ha convertido en un elemento determinante en la prolongación de los plazos de tramitación. Las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que no pueden sostenerse en la esfera judicial incrementan la incertidumbre y los costos de transacción asociados a los proyectos. Por lo tanto, fortalecer la robustez técnica y jurídica de las decisiones iniciales se presenta como una condición necesaria para mejorar la eficiencia del sistema. Con un rediseño efectivo, también será fundamental abordar las limitaciones de capacidad institucional que enfrentan el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismos que operan con recursos escasos que impactan tanto en los tiempos de evaluación como en la calidad de la fiscalización.
Desde una perspectiva económica, invertir en las capacidades institucionales del SEA y la SMA podría generar beneficios significativos al reducir la incertidumbre y acelerar la materialización de proyectos críticos. Además, actividades como la creación de una ventanilla única están diseñadas para disminuir los costos de coordinación y evitar duplicidades regulatorias, facilitando así la tramitación sin comprometer estándares de calidad. Tales mecanismos serán especialmente útiles para proyectos relacionados con litio, hidrógeno verde e infraestructura energética, donde las oportunidades de mercado suelen ser limitadas en el tiempo.
Por último, es fundamental reconocer que la eficiencia regulatoria está interconectada con la legitimidad social. La participación ciudadana y la consulta indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT, son variables críticas para garantizar la viabilidad a largo plazo de los proyectos. La integración adecuada de estos procesos desde las etapas tempranas puede ayudar a reducir los riesgos de conflicto y, por lo tanto, los costos vinculados a paralizaciones. El caso de Dominga, junto con el análisis del SEIA, subraya la urgencia de avanzar hacia un sistema que brinde certeza regulatoria, reduzca la discrecionalidad y fortalezca las capacidades institucionales. Este enfoque no solo es necesario para una agenda ambiental, sino que también es clave para crear un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico en Chile.
