En mayo de 2024, El Ciudadano reveló detalles alarmantes sobre la administración del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ind. pro UDI), al acceder a documentos que indican la contratación del exdiputado de Renovación Nacional, Camilo Morán, a un salario millonario por un trabajo que, según la Contraloría General de la República, no cumplió con los objetivos institucionales del municipio. Esta situación ha generado un fuerte debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, especialmente en el contexto de gastarse más de $22 millones en un cargo que parece no haber brindado valor a la comunidad.
Camilo Morán, quien desempeñó funciones entre enero y julio de 2024, fue contratado para asistir a la coordinadora de gabinete del alcalde, Cecilia Pérez. Sin embargo, las labores que realizó durante su tiempo en la municipalidad han sido cuestionadas. La Contraloría observó que su trabajo se centró en minutas de política partidaria y análisis político, lo que no solo es irrelevante para las funciones de un municipio, sino que también plantea serias dudas sobre la correcta asignación de recursos públicos. Este tipo de contratación, que parece servir a fines de interés personal o político más que a los de la comunidad, es lo que llevó a la Contraloría a considerar que se trató de un gasto improcedente.
El informe presentado por la Contraloría no solo se limitó a criticar la contratación de Morán, sino que también reveló un patrón preocupante dentro de la administración de Carter, al señalar otro caso similar: el de Francisco «Pancho» Orrego, excandidato a gobernador, quien devolvió $8 millones que había recibido de manera irregular. Estos hallazgos en conjunto evidencian una falta de control y supervisión de los gastos en la municipalidad, lo que se traduce en desconfianza pública y cuestionamientos sobre la ética administrativa del gobierno local.
En respuesta a las críticas y sanciones que enfrenta su administración, el municipio de La Florida ha argumentado que solo un 25% del trabajo de Morán era objetable, y que su dedicación al cargo era significativa. Sin embargo, la Contraloría desestimó estas afirmaciones, sosteniendo que el contenido de las minutas no guardaba relación con los objetivos de una administración municipal. La negativa de la Contraloría a aceptar las justificaciones ofrecidas por el municipio pone en evidencia un conflicto en la gestión que podría acarrear problemas legales y administrativos para quienes lideran la comuna.
Finalmente, la Municipalidad de La Florida ha manifestado su intención de solicitar una reevaluación del informe de la Contraloría, argumentando que existe información que respalda la legalidad de los servicios contratados a Morán. A pesar de su compromiso de colaborar con la investigación en curso, persiste la preocupación entre los ciudadanos sobre el uso eficaz y ético de los recursos públicos. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será fundamental que se mantenga la supervisión y la transparencia en la gestión pública para restaurar la confianza en la administración local.
