La reciente propuesta de Evelyn Matthei para construir una nueva cárcel en el desierto de Atacama ha desatado una ola de controversia en la región. Conocida como «El Arenal», este proyecto se presenta como una solución para albergar a criminales peligrosos, quienes estarían «totalmente aislados» utilizando tecnología moderna en un terreno de 800 hectáreas. Matthei, haciendo uso de las redes sociales, defendió la necesidad de esta infraestructura carcelaria ante lo que considera la ineficacia del sistema penitenciario actual, que ha permitido la operatividad del crimen organizado desde las prisiones existentes. La propuesta, sin embargo, no ha sido bien recibida por varios actores políticos y comunitarios de la zona.
La reacción desde el gobierno y el ámbito político no se hizo esperar. El Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, calificó la iniciativa de Matthei como una «falta de respeto» a la dignidad de la región, y enfatizó que el norte de Chile no debería ser tratado como una «zona de sacrificio» debido a su geografía desértica. Carvajal destacó que la propuesta ignora las necesidades y preocupaciones de los habitantes de Atacama al sugerir que la solución a la criminalidad a nivel nacional debe resolverse a expensas del territorio norteño.
Por su parte, la senadora Yasna Provoste no escatimó en críticas, refiriéndose a la iniciativa de Matthei como un ejemplo de «chascarros», en alusión a las propuestas poco fundamentadas. Provoste, en una irónica intervención, cuestionó por qué la candidata de derecha pretende trasladar a todos los presos peligrosos de Chile a Atacama, sugiriendo en cambio que deberían ser alojados en Providencia, una comuna de la región metropolitana que históricamente ha concentrado a las élites. Su comentario ha resonado en las redes sociales, haciendo eco en el descontento general hacia la propuesta.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, también se unió a la controversia al pedir a Matthei mayor rigor en sus propuestas. En un video compartido en X, López hizo un llamado para que los candidatos aborden el tema de la seguridad y de las cárceles con una «visión de Estado y evidencia», recordando que la nueva cárcel de Copiapó ya está en licitación y prevista para iniciar su construcción en el año 2026. La ministra destacó la importancia de desarrollar infraestructura penitenciaria moderna que no solo mejore las condiciones de reclusión, sino que también asegure una gestión eficiente en las cárceles.
La propuesta de Matthei ha dejado al descubierto la profunda división política y social sobre cómo enfrentar la creciente criminalidad en Chile. Con múltiples voces alzando críticas y recordando el contexto ya complicado de la zona, el debate no solo se centra en la viabilidad del proyecto, sino también en el respeto hacia las comunidades del norte y su historia. A medida que se desarrollan estas discusiones, es evidente que la sentida preocupación por la seguridad y la justicia debe nutrirse de un enfoque más inclusivo que tome en cuenta las realidades locales.
