El reciente aluvión en San Carlos de Apoquindo ha dejado un saldo de seis personas lesionadas, así como daños significativos en viviendas e infraestructura. En un periodo de tiempo alarmantemente corto, se registraron 10,9 mm de lluvia en tan solo 30 minutos en una estación cercana, lo que desató este fenómeno natural. No obstante, este evento no se puede considerar aislado, ya que otros torrenciales en la región han llevado a un incremento en los reportes de emergencias, resaltando la necesidad urgente de revisar los sistemas de estimación y respuesta ante precipitaciones.
Entre el 15 y el 20 de julio, se contabilizaron 649 reportes de emergencias relacionadas con la infraestructura, lo que subraya la frecuencia y gravedad de estos fenómenos. En agosto, las lluvias y aluviones en el Norte Grande afectaron a 810 personas, dañando más de 1.300 viviendas en la zona. Estos eventos climáticos frecuentes plantean una pregunta crucial: ¿están las autoridades anticipando adecuadamente los riesgos asociados a estos fenómenos? La situación exige no solo un análisis de las condiciones climáticas, sino también una evaluación exhaustiva de la respuesta de las cuencas afectadas.
Los estudios hidrológicos utilizan registros históricos y estadísticos para estimar eventos con períodos de retorno, y es vital verificar si estos métodos continúan siendo representativos ante las nuevas dinámicas climáticas y ambientales. El cambio climático no es el único problema a considerar; también es esencial observar cómo las transformaciones en la cobertura vegetal, el uso del suelo, además de los incendios e intervenciones en cauces, pueden alterar la respuesta de las cuencas. La influencia de un incendio en Quebrada Honda, por ejemplo, requiere investigación adicional antes de atribuirle un impacto causal directo.
Asimismo, es insuficiente simplemente actualizar los caudales líquidos cuando se trata de quebradas precordilleranas. Es necesario revisar las metodologías utilizadas para evaluar la susceptibilidad a flujos detríticos, analizando la validez de las relaciones empíricas en función de las condiciones geomorfológicas y la disponibilidad de sedimentos en el entorno. Esto implica que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene la responsabilidad concreta de reevaluar la capacidad protectora de las obras existentes, adaptando sus normativas y términos de referencia para abordar no solo el cambio climático, sino también el cambio ambiental global y los riesgos relacionados.
Sin embargo, es importante reconocer el esfuerzo en la respuesta a las emergencias. Tras el temporal de julio, el MOP reportó que a fines de mes se habían recuperado 223 de los 697 puntos de infraestructura pública que habían sido afectados. Restaurar los servicios es esencial, pero cada acción de recuperación debe ser una oportunidad para identificar vulnerabilidades y provocar una reducción de futuros daños. La respuesta nunca debe ser un sustituto de la anticipación. Desde la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC), proponemos que estas revisiones sean sistemáticas, con exigencias verificables y un enfoque en priorizar inversiones en las áreas más expuestas. La prevención comienza antes de que se genere una emergencia, cuando se toman decisiones clave sobre estudios, exigencias y asignación de recursos.
