A partir del 28 de noviembre de 2025, Chile implementará una nueva Ley de Seguridad Privada que transformará el panorama regulatorio del país en temas de seguridad empresarial. Esta ley introducirá un novedoso sistema de clasificación de riesgo empresarial, donde las organizaciones serán evaluadas según su nivel de riesgo y obligadas a cumplir con exigencias de seguridad específicas. Este paso busca no solo modular la seguridad privada, sino también fomentar una colaboración más efectiva entre las empresas y las fuerzas de seguridad pública, lo que representa una evolución en el enfoque hacia la protección de personas y bienes.
Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO en Chile, resalta que esta normativa no solo actualizará el marco regulatorio existente, sino que también redefinirá el papel de las empresas dentro de este ecosistema. Se establece una institucionalidad donde la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) asume un papel central en la supervisión y fiscalización de las entidades obligadas. Carabineros, por su parte, actuará como asesor técnico, contribuyendo a la creación de un entorno más seguro y estructurado para la actividad empresarial a través de evaluaciones de seguridad más integrales.
El criterio de clasificación de riesgo por parte de la SPD será fundamental para determinar las obligaciones de cada empresa. De acuerdo con la matriz técnica que se aplicará, las entidades se clasificarán en tres niveles: alto, medio y bajo, en función de once criterios legales que consideran aspectos como el tipo de actividad, la ubicación de las instalaciones y el comportamiento delictual en el área. Este enfoque cualitativo asegurará que las medidas de seguridad se adapten a las realidades particulares de cada empresa, potenciando así la efectividad del marco regulatorio.
Las entidades catalogadas como de riesgo medio y alto deberán implementar rigurosas medidas de seguridad, que van desde la identificación de vulnerabilidades hasta la colocación de sistemas de vigilancia privada. Este proceso inicia con la elaboración de un estudio de seguridad, el cual debe ser aprobado por la SPD, antes de que las empresas puedan operar legalmente. Con esto, se espera que las compañías tomen en serio la implementación de medidas preventivas, tras la notificación de su nivel de riesgo, dada la posibilidad de incurrir en severas multas por incumplimientos.
La proactividad será clave para las empresas que deseen cumplir con esta nueva normativa y evitar sanciones. Desde ALTO Chile, se aconseja a los negocios que comiencen a revisar sus protocolos y estándares técnicos con antelación. La correcta identificación de brechas y la planificación de presupuestos para seguridad física y tecnológica serán vitales en este proceso de adecuación. Así, las empresas que se preparen a tiempo tendrán una notable ventaja competitiva, asegurando no solo su cumplimiento normativo, sino también un entorno más seguro para sus operaciones a futuro.
