Irregularidades en la salmonera Australis y su impacto

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Han pasado dos años y medio desde que la salmonera Australis Seafoods, actualmente bajo el control de la multinacional china Joyvio, se autodenunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por haber sobreproducido más de 100 mil toneladas de salmón en 33 centros de cultivo en el sur de Chile. Este escándalo comenzó como un simple caso de incumplimiento ambiental, pero rápidamente escaló a una querella por estafa y administración desleal, además de un juicio arbitral por la venta millonaria de la compañía. De acuerdo con informes del medio Interferencia, la autodenuncia presentada en octubre de 2022 acusó a la anterior administración de Isidoro Quiroga de operar intencionalmente por encima de los límites permitidos, inflando así el valor de la empresa antes de su venta a Joyvio en 2019 por 921 millones de dólares. Sin embargo, Quiroga y su equipo han negado las acusaciones y aseguran que Joyvio continuó con estos problemas de sobreproducción una vez realizada la transacción.

El caso adquirió mayor complejidad con la aparición de correos electrónicos internos que revelan advertencias y reuniones informales entre ejecutivos de la compañía y la SMA. En enero de 2022, el gerente de administración y finanzas de Australis, Santiago Garretón, alertó a la cúpula sobre el aumento de la fiscalización y sugirió gestionar la crisis a través de encuentros informales. También menciona un supuesto intento de frenar las sanciones por parte de la SMA bajo la dirección de Cristóbal de la Maza, quien fue nombrado durante el gobierno de Sebastián Piñera. Garretón incluso destacó que un posible cambio de gobierno podría reactivar investigaciones que estaban por verse afectadas por decisiones políticas, implicando un clima de inquietud dentro de la empresa.

El rol de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha sido un punto central de controversia. La administración actual, encabezada por Marie Claude Plumer, argumenta que no hubo un cambio de criterio en la fiscalización de la industria, señalando que cualquier retraso se debe a la crónica falta de recursos para supervisar un sector tan extenso. Sin embargo, Cristóbal de la Maza defiende que durante su gestión se implementó un nuevo enfoque que elevó los estándares de fiscalización basado en las cosechas. Esta perspectiva ha sido cuestionada, ya que se sostiene que no fue diseñada para afrontar las irregularidades ya consumadas. El ex fiscal Emanuel Ibarra aseguró que los mecanismos de cumplimiento propuestos no estaban orientados a prevenir infracciones pasadas, lo que complica aún más la defensa de Quiroga.

Otro elemento que incrementa la problemática es la evidencia que sugiere que Joyvio, tras adquirir Australis, continuó con las prácticas de sobreproducción. Correos internos revelan que el director de la salmonera, Vincent Dong, ordenó al gerente general no retardar cosechas y aumentar la producción para mejorar la liquidez. Esto plantea la duda sobre si la administración chilena y la actual gestión china favorecieron prácticas irregulares. A pesar de las denuncias, hasta la fecha, la SMA ha iniciado investigaciones formales solo para dos de los 33 centros de cultivo autodenunciados por Australis, haciendo un llamado a la atención sobre las limitaciones presupuesto y operativas que enfrenta el organismo para abordar a fondo todas las denuncias.

El desarrollo de este caso sigue en un punto álgido, donde las acusaciones mutuas y los telegramas del correo interno han creado una trama complicada que puede tener repercusiones significativas para el sector salmonero en Chile. La presión social por una mayor transparencia y responsabilidad ambiental es evidente, mientras que las autoridades buscan respuestas que garanticen que tanto el medio ambiente como las normativas de producción sean respetadas. En este contexto, la investigación que lleva adelante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago promete desvelar más detalles sobre las prácticas tanto de la administración pasada como de la actual, dejando al descubierto la salud de la industria en un escenario de creciente escrutinio público.

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