Una operación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público ha dado un duro golpe a una red criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre, conocida como la «Operación Oro Rojo». Esta organización delictiva, que operaba en varias regiones del país como Coquimbo, Calama y Santiago, tenía vínculos internacionales evidentes, conectando con mercados en India y Bélgica. Francisco San Martín Álvarez, un empresario local y exprecandidato a alcalde por el Partido Republicano, es identificado como el líder de esta red, que se especializaba en el robo de cables de las líneas eléctricas, afectando directamente la infraestructura y los servicios básicos de las comunidades afectadas.
El impacto de la red criminal va más allá de lo económico, ya que el robo de cables de cobre ha dejado a cientos de personas sin acceso a servicios esenciales. Durante la presentación de los resultados de la «Operación Oro Rojo», el delegado presidencial, Galo Luna, enfatizó: «El daño de esta red no es solo económico». La operación resultó en la detención de 18 personas, entre ellas siete extranjeras, y la incautación de $160 millones en distintas denominaciones monetarias, así como 10 vehículos y motocicletas, evidenciando la magnitud de esta actividad criminal.
El prefecto inspector Ernesto León, jefe regional de la PDI en Coquimbo, reveló que las actividades delictivas comenzaron en La Serena, donde se detectaron los primeros indicios de la receptación de cobre. Desde ahí, el material robado era trasladado por diferentes rutas hacia Santiago, donde se fundía para facilitar su exportación clandestina. Este método de operación pone de relieve la complejidad de la red y la necesidad urgente de una colaboración interregional para combatir delitos que dañan profundamente la vida cotidiana de los habitantes de las regiones afectadas.
Las acciones de la PDI y del Ministerio Público en esta operación reflejan un compromiso firme del Gobierno chileno en la lucha contra el crimen organizado. La seremi de Seguridad Pública, María José Rojas, subrayó la importancia de la colaboración entre distintas agencias gubernamentales en la lucha contra este tipo de delitos. «Este no era un problema exclusivo de una región. Lo que se logró con esta operación demuestra la voluntad firme del Gobierno de enfrentar este tipo de criminalidad con todas sus herramientas», indicó.
Finalmente, es importante destacar que esta investigación se inscribe en un esfuerzo más amplio del Consejo contra el Crimen Organizado, el cual ha priorizado la confrontación de delitos de alto impacto, como el robo de cobre. Entre los cargos que enfrenta San Martín y sus cómplices se encuentran asociación ilícita, fraude tributario, delitos aduaneros, lavado de activos y receptación. La lucha continúa, y las autoridades están decididas a desmantelar estas redes que amenazan tanto a la seguridad como a la economía del país.
