El lunes 2 de junio, la Corte de Apelaciones de Valdivia fue el escenario de los alegatos por el recurso de amparo presentado por los hijos de Julia Chuñil, quien lleva desaparecida desde hace casi siete meses. Este recurso fue interpuesto como consecuencia de un polémico operativo realizado el 30 de enero de 2025, donde Jeannette Troncoso Chuñil, hija de la desaparecida, denunció haber sido presionada por las autoridades para autoinculparse en relación con la desaparición de su madre. La situación se complicó al conocerse que, durante el operativo, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, estaba presente, lo que ha generado un clima de tensión y desconfianza hacia el manejo del caso por parte de la fiscalía.
La abogada Mariela Santana, quien representa a Javier Troncoso Chuñil, enfatizó que, además del recurso de amparo, se han interpuesto denuncias penales contra los funcionarios responsables de los supuestos apremios ilegítimos que sufrió Jeannette. Esta acción legal, argumenta Santana, es crucial dado que la fiscal Esquivel no intervino para detener los actos que la víctima enfrentaba, lo cual podría implicar una falta grave en el contexto de su rol como fiscal. La gravedad de las acusaciones ha llevado a la Fiscalía Regional de Los Ríos a solicitar la inhabilitación de Esquivel en la investigación, un pedido que fue rechazado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, manteniéndola en el caso, lo que ha suscitado críticas dentro del ámbito legal.
En los alegatos expuestos este lunes, la abogada Santana expuso que la decisión del fiscal nacional refleja un abuso del poder que tiene en virtud de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. La abogada argumentó que esta situación denota una falta de transparencia y normaliza prácticas cuestionables por parte del fiscal nacional, que a su juicio, actúa a su conveniencia al decidir sobre la permanencia o remoción de fiscales en casos tan sensibles. Las palabras de Santana ilustran un clima de incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial, especialmente en casos de desapariciones y violaciones a derechos humanos.
Además de las denuncias criminales, las abogadas de la familia también han puesto en el punto de mira al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), específicamente a su jefa regional de Los Ríos, Constanza Montt de la Fuente. Esta crítica se basa en la omisión de denuncia que, según los denunciantes, ocurrió luego de que Montt recibió información clave sobre el caso. La abogada Santana destaca que el artículo 177 del Código Procesal Penal obliga a los funcionarios públicos a denunciar delitos, especialmente en contextos de violación de derechos humanos, lo que suma presión a la institución del INDH y la hace responsable de no actuar adecuadamente.
Finalmente, el recurso de amparo presentado por la familia de Julia Chuñil se encuentra actualmente pendiente de resolución, con la sentencia esperada para ser emitida durante esta semana. Esta decisión judicial no solo marcará un hito en la lucha de la familia por justicia por la desaparición de su madre, sino también podría ser objeto de apelación en la Corte Suprema si los alegados en favor de la liberación de Jeannette y el reproche a las instituciones responsables no resultan favorables. La atención está, sin duda, centrada en el desenlace de este caso, que simboliza una lucha más amplia por los derechos humanos en el país.
