El Consejo para la Transparencia, organismo responsable de promover la transparencia en la administración pública chilena, ha nombrado recientemente a Natalia González como su nueva presidenta. González, abogada con vínculos notorios a la Fundación Libertad y Desarrollo y ex «experta» de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en el proceso constitucional 2022, ha suscitado controversias por su historial en el ámbito político y sus posturas en temas sensibles. Su designación es vista con desconfianza por diversos sectores de la sociedad, quienes cuestionan la idoneidad de su perfil para un cargo que exige un compromiso firme con la ética y la protección de los derechos de las víctimas.
La controversia en torno a González se intensificó tras sus declaraciones en julio de 2024, donde defendió públicamente al senador Javier Macaya, implicado en un escándalo por las condenas judiciales contra su padre, Eduardo Macaya Zentilli, por abusos sexuales. En su intervención, González instó a tratar al senador ‘con cariño y respeto’, minimizando la situación y sugiriendo que los ataques hacia él eran injustos e inmerecidos. Estas palabras generaron un fuerte rechazo en redes sociales y amplias críticas desde diversos sectores que consideran que su postura desestima el sufrimiento de las víctimas de abusos.
Una de las críticas más contundentes provino de Marcela Ríos, exministra de Justicia y Derechos Humanos. En un debate en el que participó, Ríos expresó su pesar por las víctimas de abuso sexual e hizo hincapié en la falta de empatía de González hacia ellas. ‘Lamento profundamente lo que han sufrido las niñas víctimas de abuso, y su declaración sobre Javier Macaya no mostró ni una palabra de compasión hacia quienes han sido afectadas’, afirmó Ríos, enfatizando que la actual situación exige mucho más que declaraciones que minimicen el dolor de las personas implicadas.
La designación de Natalia González en un cargo tan significativo se considera problemática, ya que el Consejo para la Transparencia debe actuar como un baluarte en la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Muchos temen que su historial y su reciente defensa del senador Macaya puedan socavar la confianza pública en esta institución. La cuestión de la transparencia en la política chilena se vuelve aún más crítica cuando quienes dirigen este tipo de organismos tienen vínculos o actitudes que deslegitiman las voces de las víctimas.
Así, el nombramiento de González no solo reitera la preocupación sobre la adecuada representación de los derechos de las víctimas en el sistema judicial y político chileno, sino que también plantea serios interrogantes sobre el futuro del Consejo para la Transparencia y su capacidad para combatir actitudes que perpetúan la injusticia. En un contexto donde la sensibilidad hacia los abusos ha cobrado mayor relevancia en la opinión pública, el rol de González al frente de este organismo será observado con lupa, dado el dilema ético que representa su nombramiento.
