El ambiente laboral en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago ha sido calificado como una «olla de grillos» durante la reciente investigación que involucra a Carlos Miranda Jiménez, actual titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes. Este clima tenso se desató después de que el Sindicato N°1 del Conservador presentara una denuncia formal el 22 de agosto de 2024, en medio de un proceso de negociación colectiva y una huelga de cuatro días por demandas laborales impagas. La denuncia se centró en el presunto maltrato laboral al que han sido sometidos los trabajadores, subrayando la necesidad urgente de intervención en las relaciones laborales dentro de la institución.
El conflicto laboral alcanzó un punto crítico cuando Carlos Miranda irrumpió en una reunión decisiva entre los representantes sindicales y Francisco Barriga, primer oficial del CBRS, quien a sus 82 años fue descalificado por Miranda como interlocutor válido. Testigos presenciales describieron la escena como caótica, con Miranda mostrando un comportamiento agresivo y alterado que no solo interrumpió la reunión, sino que también llevó a un violento intercambio con Barriga. Este incidente no solo provocó la suspensión de la reunión, sino que también dejó consecuencias visibles en el estado emocional del viejo funcionario.
Según el informe final de la fiscal Ana María Hernández Medina, las evidencias y testimonios recopilados corroboraron el maltrato sufrido por Barriga durante el altercado. Se reportó que el funcionario, visiblemente afectado, sufrió una reacción emocional intensa, experimentando vergüenza y nerviosismo que lo llevaron a considerar presentar su renuncia, aunque esta fue rechazada. La fiscal no dudó en señalar la responsabilidad de Miranda en los actos de acoso laboral perpetrados el 21 de agosto de 2024, lo que destaca la gravedad de la situación y sus repercusiones dentro del Conservador.
Como resultado de la investigación, la fiscal propuso una amonestación privada para Miranda, considerando que este es su primer incidente disciplinario en un historial sin antecedentes negativos. No obstante, también sugirió la implementación de mejoras en el ambiente laboral, instando a la intervención de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y otros organismos para promover un clima de respeto entre los funcionarios. Este informe, que fue presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago el 13 de enero, ahora está a la espera de la resolución judicial tras escuchar los alegatos de las partes implicadas.
Ante la situación, Matías Rodríguez, abogado defensor de Carlos Miranda, expresó que la sanción aún no se ha hecho efectiva y que su cliente ejercerá su derecho a apelar. Rodríguez impugnó la competencia de la fiscal para juzgar el caso, sugiriendo que la denuncia fue un intento de desviar la atención de acusaciones anteriores contra Barriga, quien también enfrenta denuncias por acoso laboral. Además, el abogado denunció la filtración del expediente del caso como una violación grave, asegurando que se perseguirán las responsabilidades en el ámbito judicial, reflejando así un conflicto más amplio en las relaciones laborales dentro de la institución.
