El pasado 22 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, diversas organizaciones socioambientales y ecologistas de Chile manifestaron su rotundo rechazo al proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales, conocido como «Ley de Permisología», así como también a la reforma del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La carta, entregada al gobierno de Gabriel Boric en el Palacio La Moneda, fue respaldada por 212 organizaciones que representan una amplia gama de intereses territoriales y ambientales, muchas de las cuales cuentan con décadas de trabajo en la defensa del medio ambiente. Este acto de entrega de la carta se realizó paralelamente a una manifestación significativa en Santiago, lo que subraya la creciente preocupación por las implicaciones de estas iniciativas legislativas en la protección del entorno natural.
El proyecto de Ley de Permisología, que fue presentado al Congreso el 15 de enero de 2024, tiene la intención de acelerar los procesos de autorización para proyectos de inversión, prometiendo reducir el tiempo de tramitación entre un 30% y un 70%. Este enfoque, defendido por el ministro de Economía, Nicolás Grau, ha encontrado una fuerte oposición entre grupos ecologistas, quienes argumentan que implicaría un debilitamiento de las normas ambientales existentes. Según críticos como Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, el atraso actual en la tramitación de permisos se debe a que muchos proyectos no son debidamente informados por sus propietarios, lo que lleva a retrasos que el gobierno pretende trasladar al público como un exceso burocrático en lugar de una cuestión de responsabilidad por parte de los mismos inversionistas.
La movilización culminó con un punto de prensa al frente del Ministerio de Economía, donde se expuso el concepto de «motosierra ambiental» para referirse a una agenda gubernamental que, según los manifestantes, desregula la protección del medio ambiente. Activistas como Camila Zárate del Movimiento por el Agua y los Territorios, expresaron su preocupación por el desmantelamiento de las barreras ambientales bajo el pretexto de fomentar la inversión. También se denunciaron las contradicciones del gobierno que se proclama ecologista mientras impulsa leyes que favorecen a grandes intereses empresariales. Al respecto, Paola Villegas, de la Fundación Ayciencia, cuestionó la efectividad de las promesas de un desarrollo económico sostenible.
La reforma al reglamento del SEIA, que recientemente cerró su período de participación ciudadana, ha suscitado temor en las organizaciones ecologistas que denuncian que permitirá evadir por diversas vías la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos. Según la carta presentada, se plantean aumentos significativos en los umbrales para la categorización de proyectos, lo que complicaría aún más la supervisión de las actividades que podrían afectar el entorno. La crítica se centra en que estas modificaciones favorecerían a inversores que priorizan profitabilidad por encima del bienestar ambiental y social, poniendo en grave riesgo los ecosistemas y comunidades locales.
La respuesta de la sociedad civil organizada ante estos proyectos refleja no solo una resistencia a este modelo de desarrollo, sino un llamado urgente a reconsiderar la política ambiental del gobierno. En su misiva, las organizaciones resaltan que la crisis planetaria actual exige una evaluación profunda de las decisiones legislativas que se toman, enfatizando la necesidad de proteger la biodiversidad y la salud de los territorios. El rechazo unificado de más de 200 organizaciones es un claro indicativo de la voz colectiva que se levanta frente a la percepción de que un gobierno autodenominado ecologista está arraigando en una agenda de desregulación que podría tener implicaciones devastadoras para el medio ambiente y las generaciones futuras.
