La reciente cuenta pública del Fiscal Nacional Ángel Valencia ha suscitado un amplio debate en la sociedad chilena, especialmente por su omisión del caso de Julia Chuñil Catricura, una mujer mapuche desaparecida hace seis meses. Durante su informe, Valencia destacó su compromiso en la lucha contra los crímenes de gran impacto, tanto nacionales como internacionales, señalando que su trabajo es «sin excepciones ni distinciones». No obstante, la falta de mención sobre Julia, una defensora de derechos ancestrales y madre de cinco hijos, pone en tela de juicio su auténtico compromiso con la justicia, especialmente en un contexto donde las amenazas empresariales son cada vez más evidentes y peligrosas para quienes defienden sus territorios.
Organizaciones sociales y activistas, como Lucía Sepúlveda Ruiz, vocera del colectivo Día a Día por Julia Chuñil, han alzado sus voces en crítica al fiscal. La omisión de este caso en la cuenta pública refleja no solo un ciclo de impunidad sino también un patrón de revictimización hacia la familia de Julia, que ha enfrentado un doloroso proceso de ausencia sin el apoyo adecuado de las autoridades. En palabras de Sepúlveda, esta situación revela una justicia que actúa desde una perspectiva patriarcal y clasista, donde las vidas de mujeres mapuches y las luchas por sus derechos son ignoradas, a pesar de su relevancia social.
Julia Chuñil se ha convertido en un símbolo de resistencia ante las violaciones de derechos que sufren las comunidades indígenas ante la presión de intereses económicos. Desde 2018, la familia de Julia ha pasado por una serie de ataques que buscan desplazarla de su territorio ancestral. Desde la destrucción de infraestructuras cruciales hasta intentos de soborno, su lucha ha sido feroz, pero a la vez, devastadora. Sin embargo, la falta de acción por parte de la fiscalía resalta una noción preocupante de desprotección hacia quienes se enfrentan a las adversidades con el fin de preservar la tierra y el agua, recursos vitales para la supervivencia de sus comunidades.
A medida que el caso de Julia permanece en la sombra, se evidencia la creciente preocupación de organizaciones a nivel nacional e internacional sobre la protección de los defensores ambientales en Chile. A pesar de las peticiones de ayuda y la visibilidad que han logrado, muchos de estos casos aterradores siguen sin una respuesta adecuada. La comunidad internacional ha expresado apoyo, haciendo eco de la necesidad urgente de justicia no solo para Julia, sino también para todos aquellos que son perseguidos por defender su derecho a vivir en armonía con su entorno, frente a la avaricia de poderosos terratenientes.
Es crucial que la justicia chilena reconsidere su enfoque y ponga atención a casos como el de Julia Chuñil. La falta de acción y el silencio del fiscal deben ser interpretados como una llamada de atención sobre la necesidad urgente de reformar un sistema que, en lugar de proteger a los vulnerables, a menudo contribuye a su desaparición. La lucha por la defensa del territorio y los derechos de los pueblos originarios no debe ser silenciada; por el contrario, debe ser apoyada y legitimada en el ámbito legal y social, para que casos como el de Julia no se repitan y se pueda construir un futuro más justo para todos.
