Gianni Rivera, exgobernador de la Provincia de Marga Marga y actual segundo vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano (DC), se enfrenta a un formalización judicial este viernes por un presunto delito de estafa. Esta situación surge a raíz de la emisión de facturas supuestamente falsas que suman un total de $35 millones. La denuncia ha sido realizada por Franco Burgos, colaborador de confianza de Rivera durante casi siete años, quien ha decidido dar a conocer detalles sobre las irregularidades que habría presenciado a lo largo de su vinculación laboral con el político.
Burgos sostiene que entre junio de 2020 y abril de 2021, Rivera le solicitó utilizar su cuenta del Servicio de Impuestos Internos (SII) para emitir “boletitas” que, en realidad, eran facturas falsas. En total, se habrían creado 13 documentos, de los cuales 11 estaban dirigidos a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) por montos de $3 millones cada uno, y dos más a la empresa Pirotecnia SPA por un total de $1,9 millón. El contexto de estas operaciones coincide con la campaña electoral de Rivera para el concejo municipal de Viña del Mar, donde el dinero que supuestamente se emitió no contaría con respaldo de servicios prestados.
Además de las acusaciones por estafa, Burgos también ha presentado cargos de abuso sexual contra Rivera, los cuales se encuentran siendo investigados por la Fiscalía en un proceso paralelo. Según su relato, los hechos de abusos comenzaron en la campaña electoral y se intensificaron con el tiempo, creando un ambiente de coacción donde se sentía incapaz de rechazar las insinuaciones por miedo a perder su posición. Describió situaciones específicas, como un incidente durante un viaje en automóvil y otros momentos incómodos en el comando de campaña de Rivera.
La defensa de Rivera, encabezada por Pablo Gómez Niada, exfiscal, ha indicado que prácticamente la totalidad de los fondos supuestamente defraudados a la PUCV ya habrían sido restituidos mediante un acuerdo reparatorio. En medio de la gravedad de las acusaciones, la directiva nacional del Partido Demócrata Cristiano tomó la decisión de suspender a Rivera de sus funciones como vicepresidente nacional mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Este hecho subraya la voluntad del partido de mantener un estándar ético en la política, especialmente ante situaciones tan delicadas.
Por último, está previsto que en la audiencia de este viernes se discuta una solicitud de sobreseimiento en la causa penal, lo que podría cambiar el rumbo de este complejo caso. La dirección del Partido Demócrata Cristiano ha señalado su firme postura de que una persona que ha sido formalizada por delitos no puede continuar en cargos directivos, y han dejado claro que adoptarán nuevas medidas dependiendo de cómo evolucione el proceso judicial. Este caso ha conmocionado al ámbito político nacional, generando un llamado a la reflexión sobre la integridad en el servicio público.
