La controversia en torno a Francisca Moya, jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), ha escalado después de su implicación en la fallida compraventa del inmueble de Guardia Vieja, que perteneció al expresidente Salvador Allende. Durante una reciente sesión de la Comisión Investigadora, Moya admitió estar al tanto de la norma que inhabilita a importantes figuras como la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, para firmar contratos con el Estado. Esta revelación ha aumentado las dudas sobre su capacidad de juicio y ha puesto en entredicho su permanencia en el cargo, especialmente a medida que las críticas se intensifican desde diferentes sectores políticos.
Las reacciones tras la declaración de Moya no se hicieron esperar. El senador Alfonso de Urresti (PS) fue uno de los primeros en cuestionar su criterio, sugiriendo que, dado su conocimiento de la norma, debería dimitir de inmediato. Esta postura refleja el clima de desconfianza que rodea a su gestión y la preocupación por la consolidación de excesos de poder y negligencias en el ámbito gubernamental. La presión sobre Moya también proviene de su propio entorno político, donde varios aliados han expresado su descontento ante la situación, lo que agrava aún más su posición.
A las críticas se unió el abogado Mauricio Daza, quien aprovechó las redes sociales para enfatizar que el presidente Gabriel Boric debe advertir la responsabilidad que le compete en la defensa de la institucionalidad del Estado. Según Daza, mantener a Moya en su puesto es incompatible con el sentido republicano que debe guiar a un mandatario, quien debe anteponer el interés público a las relaciones personales. Este tipo de pronunciamientos sostiene que la continuidad de figuras polémicas en el gobierno puede erosionar la credibilidad del ejecutivo y sus políticas ante la ciudadanía.
Francisca Moya, abogada de la Universidad de Chile con un Master of Laws por la London School of Economics, fue designada en su cargo por el exministro Giorgio Jackson y ha tenido una trayectoria marcada por la cercanía con el presidente Boric. Esta conexión personal ha suscitado cuestionamientos sobre la influencia de las relaciones en la toma de decisiones políticas, un factor que algunos consideran problemático en contextos de alta responsabilidad. Su nombre ha salido a relucir en momentos controversiales, como cuando se involucró en la redacción de un proyecto que buscaba amnistiar a los detenidos durante el estallido social, lo que detona tensiones internas significativas en el actual gobierno.
La situación de Moya pone un punto de inflexión en la gestión de Boric. Mientras el apoyo desde el Ejecutivo hacia ella se mantiene, el creciente clamor por su renuncia sugiere que no será fácil sortear las repercusiones de su implicación en este caso. La dinámica política en Chile se encuentra en un estado de vigilancia constante, especialmente cuando figuras clave son perseguidas por escándalos que podrían manchar no solo su reputación, sino también la imagen del gobierno en su conjunto. El desafío que enfrenta el Presidente es encontrar un equilibrio entre la lealtad a sus cercanos y la necesidad de resguardar la integridad de su administración.
