El conversatorio «Salares bajo amenaza: una mirada crítica de la Estrategia Nacional del Litio», realizado el 6 de mayo en la Universidad de Los Lagos, destacó las crecientes preocupaciones sobre los efectos de la Estrategia Nacional del Litio en Chile. Organizado por Fundación Terram, Fundación Tantí y otras ONG, el evento reunió a expertos y miembros de la comunidad para debatir sobre los impactos sociales y ambientales de esta política pública. La modalidad híbrida del encuentro permitió que tanto asistentes presenciales como virtuales pudieran participar, reflejando la relevancia del tema en la agenda nacional y la necesidad de visualizar la problemática que afecta a las comunidades locales.
Durante el evento, se presentaron análisis críticos que cuestionan la metodología del Gobierno para clasificar los salares, especialmente un estudio realizado por Pablo Madrid de Fundación Terram. Este documento argumenta que la nueva categorización de 69 salares carece de bases científicas sólidas y no se ha garantizado un acceso adecuado a la información para las comunidades afectadas. Madrid exigió que las decisiones políticas respeten los derechos de los pueblos originarios y pongan en primer plano los aspectos ambientales, en lugar de priorizar intereses económicos a corto plazo.
En otra intervención, Ramón Balcázar, director de Fundación Tantí, expuso un análisis de las prácticas actuales en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, destacando la falta de consulta efectiva con las comunidades. Según Balcázar, las decisiones tomadas por instituciones como CORFO y SQM han perpetuado una historia de marginación. Criticó que los proyectos extractivos en ecosistemas vulnerables, como los salares de Coipasa, se realicen sin una estrategia coherente que considere la fragilidad de estos entornos y la voz de los habitantes locales.
El panel de discusión, conformado por expertos en derechos humanos, derecho ambiental e investigación, enfatizó la necesidad de mecanismos de participación ciudadana más sólidos. Javiera Pérez de ONG FIMA resaltó que los documentos presentados deben alcanzar a quienes determinan las políticas, para que la investigación influya en la toma de decisiones. A pesar de la actual opacidad del proceso debido a consultas tardías, los informes ofrecen una perspectiva crítica e informada que puede cambiar el rumbo de las políticas públicas en relación al litio.
Finalmente, la importancia de un diálogo informado fue reafirmada por Rodrigo Astorga de la Fundación Heinrich Böll, quien llamó a democratizar la discusión sobre el litio. Subrayó la urgencia de crear un Instituto Nacional del Litio que facilite el acceso a la información y fortalezca la rendición de cuentas. La existencia de este tipo de entidades es fundamental para asegurar que las decisiones sean transparentes y que se incluya la voz de la sociedad civil, concluyendo que la vigilancia activa de la comunidad es crucial para salvaguardar los intereses ambientales y de derechos humanos frente a la creciente industria del litio.
