En el marco de la investigación por la desaparición de siete pescadores artesanales, se ha reabierto el debate sobre el pasado del capitán Roberto Mansilla, tras un incidente fatídico ocurrido en 2009. Según reportes de Radio ADN, Mansilla fue protagonista de un caso donde un tripulante del barco industrial Cobra, identificado como Sergio Andrade, falleció tras no recibir atención médica oportuna durante una faena en alta mar. La resolución del 2° Juzgado Civil de Talcahuano, a la que tuvo acceso el medio citado, indica que Mansilla fue informado de la gravedad del estado de Andrade, pero optó por continuar la navegación, lo que derivó en la muerte del tripulante días después. Debido a este hecho, la empresa Blumar, propietaria del Cobra, y el capitán llegaron a un acuerdo para indemnizar a la familia con la suma de $118 millones.
La revelación de este antecedente ha generado una profunda inquietud entre las familias de los pescadores desaparecidos, quienes ahora ven un patrón alarmante en el comportamiento del capitán Mansilla. Claudia Urrutia, vocera de los pescadores artesanales y representante de los afectados, manifestó su preocupación al cuestionar la frialdad con la que Mansilla actuó en la situación de Andrade. «Me impresiona. Si fue capaz de actuar con tanta frialdad frente a un miembro de su propia tripulación, ¿qué se puede esperar cuando se trata de personas que ni siquiera conoce?», cuestionó Urrutia. La representante también enfatizó cómo este episodio agrava la desconfianza hacia Blumar y pone en duda la versión oficial ofrecida por la empresa desde el inicio de la investigación.
En defensa del Cobra, el abogado Alejandro Espinoza ha salido a desmentir cualquier insinuación de negligencia por parte de la tripulación durante la noche del 30 de marzo. El abogado aseguró que la revisión exhaustiva del comportamiento del barco no ha hallado indicios de falta de atención. «El capitán ha sido reconocido por asistir a otras embarcaciones en peligro», dijo Espinoza, subrayando que todos los sistemas del Cobra funcionaban apropiadamente y que se cumplieron rigurosamente todos los protocolos marítimos. La defensa mantiene que no hay elementos que indiquen responsabilidad directa en el supuesto choque.
La Fiscalía continúa su proceso de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en altamar, determinando si efectivamente se produjo una colisión y quiénes podrían ser los responsables. La inclusión del caso de Andrade en el debate no solo pone en entredicho la versión de la defensa, sino que reitera los temores de las familias sobre un escenario donde la negligencia podría haber jugado un papel crucial en la desaparición de los pescadores. Las familias buscan respuestas y justicia en un contexto que cada vez parece más enrevesado.
Mientras la investigación avanza, la tristeza y la incertidumbre permanecen en la comunidad pesquera. La desaparición de los siete pescadores ha dejado un vacío devastador en sus familias y en la comunidad en general. Los relatos sobre el accionar del capitán Mansilla alimentan la preocupación sobre la seguridad en el mar y la responsabilidad de las empresas pesqueras. Este caso ha puesto de relieve la necesidad urgente de protocolos más estrictos y de un mayor compromiso hacia la seguridad de todos los trabajadores del mar, para que tragedias como esta no se repitan en el futuro.
