El miércoles 30 de abril de 2025, un violento operativo policial-militar tuvo lugar en el lof Rgaliko, ubicado en Alto Biobío, con el objetivo de desalojar a la comunidad mapuche pewenche. Este allanamiento, que comenzó a las 5 AM, resultó en la detención de Isabel Gatica Palavecino, una reconocida defensora ambiental y presidenta del Comité Ambiental Comunal Tucapel (CAC). Según el relato de varios testigos, las fuerzas de seguridad ingresaron al territorio apuntando con armas a viviendas vacías, una acción calificada por Miriam Purran, werken de la comunidad, como «extrema violencia». Gatica estaba en el lugar realizando trabajo comunitario para la defensa del medio ambiente y fue acusada de usurpación, aunque muchos consideran que su arresto fue una clara muestra de la criminalización de la defensa territorial que llevan a cabo los pueblos originarios.
Apenas un día después del operativo, el 1 de mayo, el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara determinó que la detención de Gatica era ilegal, lo que llevó a su inmediata liberación. Según reportó Radio Biobío, la activista pudo salir tras varias horas en reclusión. Una vez en libertad, Gatica inició el proceso para recuperar su celular, que había sido incautado durante el allanamiento, y anunció su intención de denunciar a los agentes represivos de la policía, señalando que un carabinero le apuntó con una escopeta mientras se encontraba inmovilizada en el suelo. Las organizaciones socioambientales del Biobío manifestaron su indignación por el operativo, afirmando que «la defensa del territorio no es un delito» y exigiendo la visibilización del caso así como un cese de la persecución a defensores ambientales.
La situación en Rgaliko ha tenido repercusiones más amplias, ya que se ha reportado que el acceso al territorio está restringido por fuerzas militares. Esto ha generado alarma entre los integrantes de la comunidad, donde viven siete familias que han resistido en la zona durante ocho años, reivindicando su derecho sobre su territorio ancestral en el exfundo Los Guindos. Los disparos realizados por los Carabineros durante el operativo han intensificado la preocupación por la seguridad de los miembros de la comunidad, que se encuentran bajo una amenaza constante mientras defienden sus derechos y recursos naturales.
Este incidente pone de manifiesto la represión sistemática que los pueblos mapuche enfrentan por parte del Estado y sus fuerzas de seguridad. La detención ilegal de Gatica ha motivado un análisis de las posibles acciones legales por parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos y ambientales. La diputada Clara Sagardía Cabezas, a través de sus redes sociales, también se hizo eco de la indignación generalizada afirmando: «Es fundamental que se respete el tratado de Escazú, donde debemos proteger a nuestros defensores de derechos humanos y asuntos ambientales». La situación que vive la comunidad mapuche y sus defensores no es un episodio aislado, sino parte de un patrón de violencia y violación de derechos.
La liberación de Isabel Gatica Palavecino es un respiro temporal en una larga historia de violaciones de derechos hacia las comunidades indígenas en Chile. A pesar de la decisión del Juzgado, el futuro de Gatica y de la comunidad pewenche sigue siendo incierto ante la constante amenaza de desalojo y represión. Organizaciones defensoras de derechos humanos continúan presionando para que se respeten los derechos de estos defensores ambientales y se reconozca la importancia de su labor en la protección de la tierra y la biodiversidad. La comunidad mapuche sigue firme en su lucha por la defensa de su territorio, enfatizando que su resistencia es vital no solo para su cultura y forma de vida, sino también para el bienestar del medio ambiente.
