La situación del jefe de gabinete del alcalde de La Reina, Javier Fano Ruiz, ha suscitado serias preocupaciones sobre la transparencia y posible corrupción en la administración municipal. Fano percibe un sueldo mensual de $2.401.285 por coordinar la agenda del edil, además de recibir un salario bruto de $2.740.480 por ejercer como «asesor legal de la administración municipal», lo que suma más de $5 millones mensuales. Esta discrepancia en sus ingresos ha generado denuncias por parte de la Fundación América Transparente, que cuestiona la legitimidad de sus salarios y la falta de un título profesional en derecho, requisito que debería cumplir para desempeñar dicho cargo.
Según informes de The Clinic, la denuncia destaca que Javier Fano, exlíder estudiantil del Movimiento Gremial, ha sido contratado tanto por la Municipalidad de La Reina como por la Corporación de Desarrollo Local, una situación que parece inconsistente con su formación académica. Mientras que en los registros de transparencia activa se muestra que Fano solo cuenta con educación media completa, en la corporación figura como «estudiante de derecho». Esto plantea interrogantes acerca de su capacidad para cumplir con la exigente labor de jefe de gabinete, un puesto que, según los críticos, requiere dedicación total, impidiendo que el funcionario pueda asumir otro trabajo remunerado de manera efectiva.
Juan José Lyon, director de la Fundación América Transparente y autor de la investigación, ha manifestado que aunque no es inusual encontrar dobles sueldos en el ámbito municipal, es preocupante que una figura de alto nivel como el jefe de gabinete obtenga remuneraciones de esa naturaleza. Lyon agrega que es esencial para el funcionamiento del Ayuntamiento que su equipo de trabajo, especialmente en puestos tan estratégicos, esté comprometido y presente constantemente, lo que desmiente la viabilidad de tener un segundo ingreso sin afectar su responsabilidad principal. Además, se critica la legalidad de su posición como asesor legal, ya que dicho rol debería ser reservado para profesionales con título en derecho.
Otros aspectos de la situación de Fano han levantado más alarmas. A pesar de estar contratado a honorarios, lo que exige la presentación de informes mensuales de su labor, los registros en la plataforma de transparencia del municipio muestran que no existen informes disponibles de Fano. Este vacío ha sido señalado por la fundación como una irregularidad que contribuye a la falta de supervisión efectiva en las corporaciones municipales. De igual manera, se arguye que la laguna jurídica que permite estas contrataciones puede resultar en un entorno propicio para la corrupción y la falta de rendición de cuentas.
La polémica no se limita a La Reina, ya que el caso de Javier Fano refleja un patrón más amplio de irregularidades en otras municipalidades, como se observó en Vitacura. Frente a este escenario, algunos parlamentarios han comenzado a impulsar proyectos legislativos en un intento de regular las corporaciones municipales y cerrar los vacíos legales que posibilitan estos abusos. Lyon concluye que la preocupación radica en que la falta de regulación adecuada permite que las corporaciones operen con condiciones más laxas, propiciando así la corrupción. La Contraloría ha señalado que no se deberían permitir contratos paralelos, lo que subraya la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para fortalecer la probidad en el ámbito municipal.
