En la madrugada del 22 de febrero, un incidente automovilístico sacudió la tranquilidad de Arica, cuando un conductor, aparentemente en estado de ebriedad, colisionó con un vehículo estacionado frente a la Tercera Comisaría de Carabineros. El automóvil afectado pertenecía a un funcionario de la misma unidad policial, lo que añadió una capa de complejidad al suceso. Según el informe de El Desconcierto, el alcotest realizado al conductor arrojó un impresionante resultado de 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido y justificando la intervención policial.
Sin embargo, lo que inicialmente parecía un procedimiento de rutina se volvió un escándalo cuando se reveló la mala conducta del carabinero involucrado. En vez de proceder conforme a la ley al denunciar el incidente por conducción en estado de ebriedad con daños, el oficial propuso un arreglo irregular al infractor: entregarle su automóvil como compensación a cambio de no informar del choque a las autoridades. Este acuerdo sospechoso fue aceptado, lo que dio pie a una serie de investigaciones que eventualmente involucrarían a la propia institución policial.
Más adelante, ambos hombres, junto a un amigo del carabinero, se dirigieron a una notaría para formalizar la transferencia del vehículo de manera irregular por un monto de un millón de pesos. Esta actuación no pasó desapercibida para la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, que comenzó a indagar en los hechos tras recibir alertas sobre el posible cohecho del funcionario involucrado. La Fiscalía logró reunir pruebas que impulsaron la solicitud de un allanamiento en el domicilio del carabinero y en su espacio dentro de la comisaría.
El 14 de abril, durante el registro en el hogar del carabinero, se incautaron elementos comprometidos, incluidos un paquete de petardos y 23 fuegos artificiales. Pero la incautación más preocupante ocurrió en una bodega de la unidad, donde se descubrieron 100 cartuchos de escopeta, municiones de diversos calibres, una granada y otros artefactos, todos en condiciones de ser usados. Las autoridades consideraron que la posesión de tal arsenal constituía un grave riesgo para la seguridad pública, lo que impulsó aún más la urgencia de la situación.
El 15 de abril, el Juzgado de Garantía de Arica formalizó al carabinero por los delitos de cohecho, posesión de municiones y tenencia de munición de guerra. El juez Juan Araya Contreras señaló que el funcionario debía permanecer bajo custodia en la Tercera Comisaría, invocando el Código de Justicia Militar debido al riesgo que representaba su libertad. Asimismo, se estableció un plazo de 90 días para la investigación del caso, mientras la ciudadanía se pregunta cómo un miembro de la fuerza policial pudo caer en tales prácticas delictivas.
