El Diputado Daniel Manouchehri del Partido Socialista (PS) ha declarado que se están evaluando los antecedentes necesarios para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta decisión se basa en las recientes revelaciones del medio The Clinic sobre diversos contratos suscritos por parlamentarios con el Estado, lo que ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos en el Congreso. La medida ha cobrado relevancia tras la destitución de la senadora Isabel Allende, lo que ha planteado un debate sobre posibles conflictos de interés dentro del sistema legislativo chileno.
Manouchehri, acompañado por sus colegas Daniella Cicardini, Jaime Naranjo, Nelson Venegas y Tomás De Rementería, ha subrayado la necesidad de una acción contundente ante situaciones que podrían considerar como ilícitos constitucionales. De acuerdo a sus afirmaciones, en el caso de Allende, la falta de perfeccionamiento de un contrato fue suficiente para su destitución, llevando a cuestionar qué sucedería con aquellos cuyos contratos ya se han ejecutado. «La jurisprudencia que hemos visto establece un precedente claro y requiere un tratamiento uniforme para todos los parlamentarios en situaciones similares», afirmó Manouchehri.
Durante una rueda de prensa, el diputado también citó casos destacados como los de los senadores Juan Castro y Luciano Cruz-Coke, quienes supuestamente han arrendado propiedades al Estado. Esta acusación ha generado un clima de tensión entre los miembros del Congreso, con Manouchehri enfatizando que el TC ha dictado que la mera existencia de un contrato entre un parlamentario y el Estado ya constituye una vulneración de la Constitución. «Los ilícitos constitucionales no prescriben, y esto debe ser abordado con la máxima seriedad», agregó.
Además, el reportaje de The Clinic identificó a cinco parlamentarios más con vínculos contractuales con el Estado, lo que ha aumentado la presión sobre los legisladores para que actúen con responsabilidad. El diputado Manouchehri ha señalado que están buscando apoyo de otros parlamentarios para alcanzar las diez firmas necesarias que requerirán para formalizar el requerimiento ante el tribunal. «Es fundamental que esta situación se aborde de manera exhaustiva y transparente, y estamos comprometidos a hacerlo», manifestó en declaraciones a The Times en español.
La controversia suscitada por la destitución de Isabel Allende ha puesto de relieve las tensiones relacionadas con la ética en la política chilena. Desde el ámbito académico, el investigador Claudio Fuentes ha alzado la voz al señalar que las personas o gerentes con contratos estatales no deberían ser elegibles para el Congreso en momento de postularse. Esta opinión subraya la actual discusión sobre los principios de transparencia y responsabilidad que deben regir el actuar de los parlamentarios, planteando la pregunta de cuántos legisladores cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución.
