La Ley Mordaza Salmonera ha generado un fuerte rechazo por parte de Ecoceanos, una organización dedicada a la defensa del medio ambiente, que denuncia la intención oculta del proyecto de ley (Boletín 15643-06) impulsado por la industria salmonera y ciertos parlamentarios. La propuesta, que se presenta como un mecanismo de «transparencia», refuerza el control estatal sobre las ONG ambientalistas, obligándolas a renovar su estatus legal anualmente. Ecoceanos argumenta que esta medida busca frenar la resistencia social y ambiental, afectando directamente a las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente en Chile.
El diputado Miguel Ángel Calisto, uno de los promotores principal del proyecto, ha declarado que es necesario «conocer las verdaderas intenciones» detrás de las ONGs, sugiriendo que muchas de ellas utilizan narrativas engañosas para manipular a la opinión pública. Esta postura ha provocado una fuerte oposición por parte de diversas organizaciones que consideran que el Estado ya cuenta con la información necesaria y que la ley solo se trata de un intento de silenciar las voces críticas. Ecoceanos destaca que la legislación no solo restringe la libertad de expresión, sino que también parece estar dirigida específicamente a frenar la oposición a la expansión de la industria salmonera en lugares sensibles como los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPOs).
La denuncia de Ecoceanos también se basa en los vínculos de la propuesta con ejecutivos de empresas que han sido multadas por prácticas ilegales relacionadas con la sobreproducción de salmones. Gerardo Balbontín de Blumar S.A. y Sady Delgado de AquaChile/AgroSúper están detrás de esta iniciativa, lo que plantea interrogantes sobre los intereses económicos que motivan el proyecto. La organización acusa a estos grupos de intentar controlar y deslegitimar a quienes se oponen a sus prácticas empresariales, en un contexto donde los testimonios de violencia y represión contra defensores ambientales están aumentando en el país.
Un aspecto inquietante de esta situación es que el proyecto podría contradecir el Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022, que garantiza la protección de los defensores ambientales y el acceso a la información pública. Ecoceanos argumenta que la ley mordaza dificultaría la implementación adecuada de este tratado, poniendo en riesgo no solo la labor de las ONG, sino también la seguridad de quienes defienden el medio ambiente. El caso de Julia Chuñil Catricura, una defensora mapuche desaparecida en 2024, ejemplifica el peligro al que están expuestos aquellos que luchan por los derechos ambientales en un contexto donde el Estado no garantiza un entorno seguro.
Para la sociedad civil, la propuesta representa una estrategia de criminalización de la protesta ambiental y un riesgo para la democracia chilena. Ecoceanos ha hecho un llamado urgente a movilizarse y exigir el pleno cumplimiento del Acuerdo de Escazú, instando a los ciudadanos a mantenerse informados y activos en la defensa de sus derechos. Con la «bancada salmonera» avanzando en el Senado, la presión pública es vital para frenar lo que muchos consideran un intento de eliminar la oposición y silenciar a quienes se atreven a cuestionar el modelo de desarrollo actual.
