Hoy, en una sesión crucial ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, los líderes del sector de la desalación en Chile, Rafael Palacios y Joaquín Villarino, expusieron la importancia del proyecto de ley que busca regular el uso de agua de mar para la desalinización en el país. Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), enfatizó que el país enfrenta un déficit hídrico estructural severo, que no solo pone en riesgo el abastecimiento de comunidades, sino también la competencia de sectores estratégicos como la minería. En su intervención, planteó que la implementación de estas normativas es esencial para desarrollar fuentes de agua sostenibles que apoyen a las regiones más afectadas por la sequía.
La crisis hídrica en Chile ha impulsado a los expertos a buscar alternativas viables, siendo la desalación una de las soluciones más efectivas. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, subrayó que el sector minero representa más del 80% de la capacidad de desalinización del país. Villarino destacó que se necesita un marco regulatorio que no solo promueva un uso sostenible del recurso hídrico, sino que también garantice la continuidad operacional de las plantas desaladoras, las cuales son indispensables para reducir la presión sobre las fuentes continentales.
Ambos líderes coincidieron en la necesidad de establecer un plazo de concesiones más extenso para las plantas desaladoras, debido a que muchas de ellas están diseñadas para operar durante más de seis décadas. Palacios argumentó que sería perjudicial para el sistema de abastecimiento nacional forzar a retirar infraestructura que cumple un rol vital, especialmente en el contexto de crisis hídrica que enfrenta el país. Resaltaron que la continuidad operacional es un elemento clave que debe ser protegido dentro del nuevo marco legal propuesto.
A lo largo de la sesión, se expresaron preocupaciones sobre la posibilidad de duplicidades en los trámites necesarios para la concesión de plantas desalinizadoras. Villarino advirtió que la superposición de evaluaciones entre el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas podría llevar a un aumento en la incertidumbre y en los plazos de aprobación de proyectos esenciales. Dicha situación afectaría no solo a la industria minera, sino también a las comunidades y otros sectores productivos que dependen de un suministro adecuado de agua.
Pese a las inquietudes planteadas, tanto Palacios como Villarino manifestaron su apoyo al proyecto de ley, considerándolo fundamental para el desarrollo del sector hídrico en Chile. Coincidieron en que mejorar aspectos técnicos del proyecto permitirá fomentar la inversión y garantizar la eficiencia en servicios esenciales. Ambos se mostraron abiertos a colaborar con evidencia técnica y propuestas que ayuden a construir un marco regulatorio contemporáneo, capacitado para enfrentar la crisis hídrica y promover el uso responsable de los recursos hídricos en el país.
