El ceremonial homenaje a 65 profesores jubilados, programado para celebrar su trayectoria y compromiso, se transformó en un escenario de crisis política durante la administración del alcalde Mario Desbordes (RN). Lo que debía ser una celebración pacífica se vio interrumpido en el Centro Cultural CEINA por la presencia de asistentes de la educación simpatizantes de la Asociación de Asistentes de la Educación (AFESA), quienes protestaron enérgicamente, lo que terminó generando un clima de tensión. Según el municipio, los manifestantes portaron pancartas y lanzaron consignas, lo que llevó a enfrentamientos físicos entre ellos y otros asistentes a la ceremonia.
A pesar de que el evento concluyó, la agitación continuó afuera del Centro Cultural, donde el alcalde Mario Desbordes y su equipo fueron objeto de agresiones físicas. Además, reportes indican que vehículos municipales resultaron siniestrados en el transcurso de las protestas. Esta escalada de violencia plantea un escenario preocupante dentro de la política local, donde los conflictos entre autoridades y trabajadores se hacen cada vez más evidentes. De hecho, Desbordes había mantenido una reunión previa de una hora con dirigentes de AFESA, lo que provoca preguntas sobre la naturaleza de su respuesta ante sus demandas.
En su alocución después de los incidentes, el alcalde Desbordes descalificó a los manifestantes como meros ‘activistas políticos’ y se defendió afirmando que no hay recursos disponibles para atender las demandas del sector. Esta postura, según analistas, demuestra una falta de voluntad para abrir canales de diálogo que pudieran conducir a soluciones efectivas. La decisión del alcalde de no seguir las recomendaciones de salir del lugar discretamente para evitar la escalada de tensiones contribuyó a poner a su equipo en una situación vulnerable, llegando incluso a poner en riesgo la seguridad de los asistentes, en un evento que debía ser una mera celebración.
Tras estos acontecimientos, la Municipalidad de Santiago anunció su intención de buscar sanciones administrativas y penales contra los responsables de los disturbios, lo que podría tener implicaciones legales para los miembros de AFESA. Sin embargo, la asociación respondió de inmediato con un comunicado en el que rechazo las acusaciones de agresiones, exigiendo al municipio pruebas concretas como videos o testimonios que respalden las declaraciones del alcalde. AFESA enfatiza que su intención es visibilizar su descontento ante lo que perciben como un desprecio constante hacia su labor por parte de la administración municipal.
El descontento entre los asistentes de la educación ha alcanzado un punto álgido, y su movilización está enraizada en la percepción de marginación por parte del alcalde Mario Desbordes. En su declaración pública, AFESA caracterizó las recientes acciones del municipio como una falta grave a la verdad, defendiendo la integridad de su gremio frente a la asediada figura política. Con reclamos de que sus legítimas peticiones no sean silenciadas, las tensiones entre los educadores y la alcaldía podrían intensificarse, a medida que se plantean nuevas alternativas para ejercer sus derechos y demandar atención a sus necesidades.
