El Fiscal Nacional Ángel Valencia ha tomado una decisión significativa en el caso conocido como Caso Hermosilla, un escándalo que involucra presuntas irregularidades en la designación de ministros de cortes y fiscales judiciales. Este lunes, Valencia anunció el traslado de las investigaciones a la Fiscalía Regional de Valparaíso, bajo la dirección de la Fiscal Regional Claudia Perivancich. Este movimiento deja atrás la dirección de las pesquisas que estaban en manos de la Fiscalía de O’Higgins, específicamente del fiscal Aquiles Cubillos y de la unidad de Alta Complejidad dirigida por Javier Von Bischoffshausen.
Las causas en cuestión incluyen las investigaciones contra Antonio Ulloa, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Verónica Sabaj, ministra suspendida. Ulloa enfrenta acusaciones relacionadas con coordinar influencias en la designación de jueces y fiscales a través de conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Sabaj, por su parte, está siendo investigada por delitos graves, como revelación de secretos y prevaricación judicial, tras ser descubierta en gestiones que podrían haber favorecido a Hermosilla. La reciente resolución de la Fiscalía Nacional busca centralizar estas investigaciones en un solo lugar, lo que podría facilitar una resolución más efectiva y coherente del caso.
La relevancia del caso de Antonio Ulloa emergió en marzo, cuando se llevó a cabo un allanamiento en su oficina, autorizado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Durante este proceso, la Fiscalía de O’Higgins encontró comunicación directa entre Ulloa y Hermosilla, donde solicitaba ayuda para influir en nombramientos judiciales. La situación se complicó cuando, en la misma jornada del allanamiento, también se realizaron diligencias en las propiedades del exasesor presidencial Andrés Sotomayor y del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, pero estas últimas fueron canceladas por la Corte Suprema tras un recurso de amparo.
El operativo desencadenó una polémica importante, especialmente debido a la incautación del teléfono del ministro Héctor Mery, lo que llevó a su defensor a argumentar que esta acción vulneraba los derechos de su cliente, quien no estaba formalmente imputado. En este escenario, se alegó que Mery, en su función como jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, había tenido un papel en la revisión de nombramientos críticos, incluyendo el de Ulloa. La Corte Suprema terminó por anular la incautación, lo que permitió a Mery recuperar su celular justo antes de que la Fiscalía de O’Higgins fuera apartada del caso.
Con la nueva dirección de la investigación, Perivancich tendrá la responsabilidad de desentrañar no solo las irregularidades en las nominaciones de Ulloa y Sabaj, sino también las de otros jueces y fiscales que podrían haber sido designados bajo condiciones cuestionables. La fiscalía centrará su atención en una presunta red de tráfico de influencias que podría extenderse a las más altas esferas del Poder Judicial, involucrando a varios actores clave en el sistema judicial chileno. Este desarrollo refuerza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de una de las instituciones más críticas para el funcionamiento de la justicia en el país.
