Nueve años después del devastador vertimiento de salmones descompuestos en los mares del Archipiélago de Chiloé, la memoria de la catástrofe socioambiental sigue viva y resuena con fuerza en la comunidad local. En mayo de 2016, la indignación de los pescadores y habitantes fue palpable cuando miles se manifestaron bajo la consigna 1;No es marea roja, es saqueo empresarial!”, destacando la percepción de que el ecosistema marino había sido sacrificado por la codicia de la industria salmonera. La explosión de rabia colectiva culminó en una histórica huelga que paralizó 250 km de la Ruta 5 durante 17 días, reflejando un grito homogéneo: 1;Nos mataron el mar!”. Este clamor no solo expresa el dolor, sino una demanda urgente de justicia y reparación tras la autorización estatal de un desastre ambiental sin precedentes, con miles de toneladas de salmones descompuestos arrojados al océano.
El origen de la catástrofe se remonta a principios de 2016, cuando un Florecimiento Algal Nocivo (FAN) llevó a la muerte de 25 millones de salmones, comprometiendo la actividad pesquera y la economía de los habitantes de Chiloé. A pesar de la magnitud del desastre, el gobierno, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo (Directemar), permitió que las empresas salmoneras vertieran 9 mil toneladas de estos salmones muertos en el mar, lo que provocó una marea roja devastadora. La respuesta del gobierno fue calificada por las comunidades como una arbitrariedad, y las consecuencias fueron inmediatas, ya que el envenenamiento de los recursos bentónicos provocó un colapso en la pesca artesanal y la recolección, fundamentales para la subsistencia local.
La sentencia de la Corte Suprema nunca llegó a brindar el alivio esperado, pues dictó que la acción de vertido de salmones por parte de las empresas era ilegal. Sin embargo, hasta la fecha, la impunidad reina, y no ha habido sanciones significativas contra los responsables, ni un compromiso serio por parte del Estado para reparar el daño causado. La comunidad de Chiloé ha mantenido viva la memoria de aquellos días de lucha, expresando su demanda de justicia a través de redes sociales, donde recordaron cómo el 2 de mayo de 2016 se inició lo que denominaron ‘la rebelión del siglo’. 1;El crimen ambiental salmonero sigue impune”, enfatizan, mientras continúan reclamando por la dignidad de su territorio y la salud de su mar.
La trascendencia del Mayo Chilote no se limita solo a la lucha por justicia tras la catástrofe del 2016, sino que se inscribe dentro de un patrón más amplio de abusos corporativos y de incumplimiento de regulaciones ambientales en Chile. En años recientes, otras catástrofes han emergido bajo la sombra de la industria salmonera, que sigue generando daños colaterales en ecosistemas vitales. Un caso notable es el del fiordo Comau, donde miles de salmones murieron por otro bloom de microalgas, y en el Parque Nacional Alberto de Agostini, donde se han documentado daños significativos al fondo marino por parte de la empresa Nova Austral, lo que lleva a organizaciones a exigir una regulación estricta y una reconsideración del lugar de la salmonicultura en áreas protegidas.
A medida que la comunidad de Chiloé conmemora la histórica movilización y las heridas aún frescas, se hace evidente que la lucha por la justicia ambiental y la soberanía alimentaria son más relevantes que nunca. Las experiencias del pasado no solo resuenan en la memoria colectiva, sino que también propician un llamado a la acción frente a un sistema que prioriza el lucro sobre la preservación del medio ambiente. La advertencia persiste: la industria salmonera sigue operando y, con ella, el riesgo de nuevas crisis. Chiloé no olvidará el momento en que el mar fue atacado, y mientras se han levantado voces en busca de verdad y reparación, el compromiso con la defensa del territorio y el mar se mantiene firme.
