La Comisión de Intereses Marítimos del Senado de Chile ha despachado en particular la moción que propone diversas modificaciones a la Ley 20.249, conocida como la Ley Lafkenche, la cual establece la creación de Espacios Costeros Marinos para los Pueblos Originarios (ECMPO). Esta decisión, realizada el 29 de abril, ha despertado reacciones diversas y ha sido criticada por grupos que abogan por los derechos de las comunidades indígenas. En particular, el canal Espacios Costeros hizo hincapié en que no se consultó a los pueblos originarios antes de decidir sobre un tema que les afecta directamente, planteando una cuestionable falta de representación en el proceso legislativo.
La modificación impulsada por un grupo de senadores busca «perfeccionar» la implementación de la Ley Lafkenche, a pesar de la oposición que ha generado. Según los senadores patrocinadores como Fidel Espinoza y Álvaro Elizalde, estas reformas tendrían como objetivo facilitar el acceso y la gestión de los recursos del mar por parte de las comunidades, aunque las voces críticas argumentan que se están limitando los derechos de los pueblos originarios al hacer este tipo de modificaciones sin su participación activa.
En la sesión, se discutieron enmiendas relacionadas con la administración de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, además de la participación de comunidades y asociaciones en la presentación de solicitudes. Se estipuló que en caso de un rechazo a una solicitud, no se podrá tramitar otra hasta el plazo de un año. Estas decisiones han suscitado preocupación por parte del senador Daniel Núñez, quien advirtió que tales indicaciones podrían constituir una violación al derecho de petición de las comunidades, subrayando la necesidad de un diálogo respetuoso y constructivo.
Mientras tanto, la presión de la industria salmonera ha sido notable en el debate sobre la Ley Lafkenche. Representantes del sector han argumentado que la ley ha creado conflictos e incertidumbre, solicitando su modificación para evitar abusos. Sin embargo, expertos y activistas rechazan esta narrativa, sosteniendo que la ley no es el problema, sino más bien su aplicación ineficiente por parte del Estado. Además, advierten que cualquier modificación podría vulnerar aún más los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas en la gestión de sus recursos marinos.
La comunidad indígena ha expresado su oposición a las reformas propuestas sin un diálogo previo. Las voces de líderes como Patricio Colivoro destacan la importancia de la Ley Lafkenche como un mecanismo de protección contra las violaciones a los ecosistemas costeros. Adicionalmente, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar ha denunciado la desinformación y el racismo contrapuestos a la ley, enfatizando que los ECMPO no excluyen a otros usuarios, sino que buscan un equilibrio entre el uso económico y la conservación ambiental. La discusión legislativa continúa, con las comunidades esperando ser incluidas efectivamente en las decisiones que afectan su futuro.
