La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia diversas irregularidades en 32 municipios del país, en relación con el uso de recursos públicos durante el proceso electoral de 2024. Este organismo, en un esfuerzo por garantizar la transparencia fiscal, llevó a cabo un exhaustivo plan de fiscalización que abarcó los gastos y transferencias realizadas por las municipalidades entre enero y septiembre del año anterior. La principal finalidad de esta auditoría fue asegurar que los fondos públicos se destinaran de acuerdo a la ley y evitar que se utilizaran en actividades proselitistas, especialmente en un contexto electoral que demanda estricta probidad administrativa.
El informe de la Contraloría detalla que, en diez municipios de la zona central, se identificaron prácticas irregulares, tales como gastos no justificados y el uso indebido de vehículos fiscales durante días inhábiles. Uno de los hallazgos más preocupantes se registró en La Florida, donde se desembolsaron más de 30 millones de pesos en servicios que no estaban alineados con los objetivos institucionales de la entidad. Esta situación ha llevado a la Contraloría a abrir un reparo de $23.149.811 y a investigar la presentación de candidaturas políticas por parte del alcalde en eventos oficiales, lo que podría ser considerado una violación de los principios de probidad.
En un contexto de crisis climática, se denunciaron irregularidades en la entrega de 5.600 gift cards por valor de $140 millones, destinadas a ayudar a quienes necesitaban apoyo. Sin embargo, la Contraloría indicó que no había documentación suficiente que respaldara a los beneficiarios, lo que llevó a la decisión de iniciar un sumario administrativo. Además, la Municipalidad de Maipú no cooperó con las solicitudes de información requeridas durante la auditoría, lo que obstaculizó el proceso fiscalizador. Este desacato a la norma generará un sumario para determinar responsabilidades administrativas, junto con el hallazgo de uso indebido de vehículos fiscales durante días no laborables.
Otro aspecto alarmante revelado por la auditoría es el otorgamiento de ayuda social a siete personas que ya estaban fallecidas al momento de recibir el beneficio. Asimismo, se identificó que, en seis propiedades municipales, personas sin vínculo laboral con la entidad ocupaban esas instalaciones sin el respaldo de un decreto alcaldicio. Ante esta situación, la Contraloría exigirá que la Municipalidad inicie un procedimiento disciplinario interno para encontrar responsables y corregir estas irregularidades.
En Puente Alto, las irregularidades también se hicieron evidentes con un desembolso injustificado de $129.899.999 a una empresa de turismo, por un evento de capacitación que supuestamente no había incluido a todos los dirigentes sociales. Esto también llevó a la objeción total del gasto. Asimismo, se encontraron rendiciones de cuentas de un club deportivo que no demostraron los beneficios de sus gastos en pasajes aéreos. La Contraloría ha exigido la apertura de un sumario administrativo en esta comuna, resaltando la necesidad de actuar con rigor frente a los casos de uso inapropiado de fondos públicos y la participación de funcionarios en actividades políticas durante su jornada laboral.
