Durante la mañana del pasado miércoles, el medio de comunicación Interferencia reveló una controvertida contratación que involucra al diputado Tomás De Rementería. Según el reportaje, el legislador habría contratado a Juan Antonio Soto, un individuo condenado en 2017 por estafar a 37 personas, obteniendo un total de 22 millones de pesos a través de la simulación de postulaciones a subsidios del Serviu. Esta situación ha generado un gran revuelo en la opinión pública, especialmente dado el historial criminal de Soto.
El informe detalla que, tras su condena, Soto fue sentenciado a tres años de presidio, aunque su pena fue conmutada por remisión condicional. A esta condena también se le sumaron sanciones como el pago de una multa correspondiente a tres UTM y una suspensión del ejercicio de cualquier oficio público mientras durara su condena. No obstante, la historia se complica aún más, ya que aunque fue condenado, Soto logró ingresar al Senado en 2018 como asesor territorial de la senadora Isabel Allende, un hecho que plantea serias dudas sobre la supervisión de antecedentes de asesores en el Congreso.
Desde marzo de 2022, Soto también trabajó como asesor del diputado Tomás De Rementería. A raíz de la información revelada por Interferencia, El Ciudadano se comunicó con De Rementería para tener claridad sobre esta contratación polémica. En sus declaraciones, el diputado afirmó que solo se enteró de la condena de Soto a través de la prensa, y que en su momento, Soto había pasado todos los filtros internos establecidos por la Cámara de Diputados, siendo recomendado además por varios otros parlamentarios y concejales.
De Rementería subrayó su creencia en la rehabilitación de las personas, indicando que si bien no desvinculó a Soto por la condena en sí, sí lo hizo por no haber recibido información adecuada sobre su antecedentes, lo que presuntamente habría sido un error administrativo. «Yo no soy un investigador privado y sigo el procedimiento estándar que realiza cualquier persona en esta situación. Si revisas el certificado de antecedentes de Juan, aparece como una persona sin delitos, lo que hace que esta omisión sea aún más problemática», comentó el diputado en su defensa.
Finalmente, De Rementería anunció la desvinculación de Soto como asesor territorial en Valparaíso, a raíz de las circunstancias que surgieron por la revelación de su condena. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y controles más estrictos en la contratación de personal en los cuerpos legislativos, ya que la reputación y la confianza en las instituciones democráticas podrían verse seriamente afectadas por situaciones como esta. La opinión pública continuará expectante sobre las decisiones que se tomen en torno a este escándalo político.
