La reciente publicación de The Clinic ha desatado una ola de indignación al revelar que un tribunal autorizó que niñas vinculadas al Sename visitaran la casa de Gastón Pinochet, actual ministro del Tribunal Electoral del Maule y acusado de abuso sexual infantil. Esta revelación ha sido un duro golpe para la confianza en las instituciones responsables de proteger a los más vulnerables, manifestando una alarmante falta de acción por parte de las autoridades. La diputada Ana María Gazmuri ha expresado su profundo lamento por la gravedad de estos hechos, condenando abiertamente la situación en la que estas niñas se encontraron al ser autorizadas a reunirse con un imputado por estos crímenes atroces.
Gazmuri, durante sus intervenciones en el Congreso, ha criticado la inacción de las instituciones, señalando que no era un problema de falta de información, sino de una clara falta de voluntad para tomar medidas efectivas. En sus declaraciones, enfatizó la necesidad de asumir responsabilidades en todos los niveles, subrayando que la autorización judicial para estas visitas revela una alarmante desprotección hacia la niñez. La diputada de Acción Humanista ha sido una de las voces más firmes en este tema, denunciando la ineficacia de un sistema que, en lugar de proteger a las niñas, las expone a peligros inminentes.
El trabajo del equipo de investigación de El Ciudadano ha sido fundamental para desentrañar las complejas redes de protección que han fallado en este caso. Durante meses, este medio ha investigado a fondo los nexos de Pinochet dentro del Sename y su rol en la Corporación de Ayuda a la Familia, exponiendo las omisiones tanto del Ministerio Público como de otros organismos que deberían haber actuado. Gazmuri ha reconocido el esfuerzo de este equipo, destacando la importancia de las investigaciones periodísticas para arrojar luz sobre situaciones que la mayoría de las veces quedan en la penumbra.
Las acusaciones contra Pinochet son graves, abarcando violación, abuso sexual infantil y producción de pornografía infantil. Gazmuri ha enfatizado el hecho de que, a pesar de estas serias imputaciones, el Estado permitió que este individuo mantuviera vínculos con niñas en situaciones de vulnerabilidad. Esta situación no solo es indignante, sino que pone en evidencia las fallas en los protocolos de protección infantil, aspectos que las autoridades deben revisar urgentemente para evitar que se repitan tragedias similares.
En conclusión, la reacción de la diputada Ana María Gazmuri refleja una profunda preocupación por el bienestar de la niñez en Chile y la necesidad de un cambio estructural en la forma en que se abordan estos casos. La denuncia de la inacción institucional y la exigencia de asumir responsabilidades políticas, administrativas y judiciales son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema. Gazmuri ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los niños, asegurando que no se puede tolerar más la impunidad y el fracaso sistemático en la protección de los más indefensos.
