El reciente nombramiento de José Miguel Castro Bascuñán (RN) como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados ha desatado una ola de críticas y controversias. Este hecho ha reavivado la atención sobre un contrato directo, valorado en más de 500 millones de pesos, que vinculaba al gobierno del expresidente Sebastián Piñera con el Hotel Alto del Sol en Mejillones, propiedad de una empresa asociada a la esposa de Castro, Vania Korlaet Gómez. La investigación original de Ciper había sacado a la luz este contrato, que se firmó durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, cuando el país requería urgentemente servicios de salud pública adicionales.
El contrato, que totalizaba exactamente $513.128.000, fue gestionado por la Seremi de Salud de Antofagasta en aquel entonces, dirigida por Rossana Díaz (UDI). La polémica radica en que el contrato se realizó mediante trato directo, sin seguir los protocolos establecidos, y en un contexto donde la Contraloría General de la República identificó serias irregularidades. Entre las irregularidades destaca que, por el monto, el contrato debía haber sido sometido a un proceso de «toma de razón», lo cual no se llevó a cabo, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia de las decisiones tomadas durante ese período.
Adicionalmente, se descubrió que había habitaciones en el hotel que no se utilizaron y cuyo valor ascendía a $96.866.000, lo que sugiere un posible mal uso de los recursos destinados a la salud pública. En redes sociales y foros políticos, se han alzado voces que cuestionan la ética detrás de dicho contrato, especialmente al considerar que hay vínculos familiares directos entre uno de los principales involucrados y la administración que gestionó el contrato. La diputada Ericka Ñanco (FA) ha exigido la inhabilitación de Castro para presidir la Comisión Investigadora del Caso Convenios, argumentando que su cercanía familiar a los propietarios del hotel implica un claro conflicto de interés.
En respuesta a las críticas, José Miguel Castro ha defendido su gestión afirmando que antes de la firma del contrato, la Contraloría realizó una visita al Hotel Alto del Sol y determinó que cumplía con los requisitos necesarios para operar como residencia sanitaria. También ha enfatizado que, en abril de 2020, notificó al Ministerio de Salud y a la Seremi de Salud de Antofagasta sobre su parentesco con los dueños del hotel, alegando que su porcentaje de participación en la sociedad no influía en su capacidad para tomar decisiones sobre el contrato.
La polémica en torno a la administración de José Miguel Castro resalta una vez más la necesidad de mayor transparencia y regulación en los procesos de contratación pública. La asunción de Castro como presidente de la Cámara parece haber actuado como catalizador para revivir este debate, sugiriendo que la integridad y la ética en la política chilena son temas aún no resueltos, lo que preocupa a muchos ciudadanos que claman por una gestión pública más justa y adecuada a los intereses de la comunidad.
