La Moneda abrió un sumario a Andrea Gutiérrez, quien renunció al cargo de subsecretaria de Cultura, por firmar 2 convenios con una ONG en la que trabajó.
La subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, presentó este viernes su renuncia al cargo, tras verse involucrada en una arista del caso Convenios, por lo que dejará sus funciones a partir de este lunes.
La información fue dada por comunicaciones de la Presidencia, donde indican que el mandatario Gabriel Boric, también había ordenado un sumario administrativo contra Gutiérrez.
“El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo a la Subsecretaria de la Cultura y las Artes, Andrea Gutiérrez. Asimismo, la Subsecretaria ha puesto su cargo a disposición y su renuncia se hará efectiva el día lunes 31 de julio”, dice el comunicado.
La salida de la subsecretaria se debe a que pese a formar parte del directorio de la ONG, Corporación de Desarrollo de Santiago, igualmente autorizó por error transferencia de recursos a esta organización desde Cultura.
Tras alertar sobre esto, Gutiérrez presentó su renuncia.
Además, la dimisión de Gutiérrez se da, luego que el jueves se conociera que el Ministerio de Cultura firmó dos convenios por $208 millones de pesos con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, cuando la representante legal de la organización era Teresita Ugarte, pareja de Pablo Casals, jefe de gabinete de Gutiérrez al momento de las respectivas firmas.
Oposición y renuncia de Gutiérrez: “Se veía venir”
Desde la oposición, el diputado RN, Andrés Longton, indicó que la renuncia de la subsecretaria era esperable, luego que presentaran ante Contraloría un oficio sobre la irregularidad e Gutiérrez y su vínculo con la Corporación de Desarrollo de Santiago.
“La salida de la Subsecretaria de Cultura se veía venir (…) Ya que la subsecretaria le entregó cientos de millones de pesos a la Fundación Cultural que depende del municipio de Santiago, donde ella trabajó hasta el último día antes de entrar al gobierno, no inhabilitándose y no transparentando esa relación en la Declaración de Intereses y Patrimonio. Eso es una falta grave a la probidad, es una ilegalidad y eventualmente es un delito”, apuntó Longton.
