La Contraloría Regional de Valparaíso ha tomado una decisión contundente al iniciar un juicio de cuentas contra la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, de la Unión Demócrata Independiente (UDI). El organismo fiscalizador determinó que la exalcaldesa deberá restituir más de $3.600 millones a la Corporación Municipal, en respuesta a un grave perjuicio patrimonial continuado durante su administración. La auditoría llevada a cabo expone la existencia de deudas impagas relacionadas con las cotizaciones previsionales y de salud de los funcionarios municipales, lo que ha llevado al actual municipio a buscar financiamiento externo para cubrir estas obligaciones, reflejando el impacto negativo de su gestión en las finanzas locales.
La alcaldesa actual, Macarena Ripamonti, del Frente Amplio, ha celebrado la decisión de la Contraloría como un avance crucial para la ciudad, enfatizando que el daño ocasionado por la administración de Reginato no puede quedar impune. A través de un video en redes sociales, Ripamonti destacó que este fallo será un añadido importante a las investigaciones en curso, incluidas las referidas a pagos irregulares de horas extras. Con este enfoque, la alcaldesa manifiesta el compromiso de su administración por restablecer el orden financiero y priorizar el bienestar de la comunidad, alejándose de la precariedad heridada de la gestión anterior.
En su mensaje, la alcaldesa comentó que desde que asumió su cargo, su administración ha trabajado arduamente para cumplir con las obligaciones de cotizaciones previsionales, enfatizando que actualmente no existe deuda alguna en este ámbito. Asimismo, ha señalado que las inversiones se han dirigido a mejorar las condiciones de los barrios y brindar apoyo a los ciudadanos. Este enfoque proactivo contrasta con el legado financiero que dejó la administración de Reginato, lo que ha motivado a Ripamonti a actuar con decisión ante la justicia, asegurando que la probidad y transparencia son primordiales en su gestión.
El caso de la exalcaldesa Reginato no es aislado, ya que se suma a una serie de acusaciones en torno a presuntos desvíos de fondos provenientes de horas extras pagadas irregularmente. La alcaldesa Ripamonti ha recalcado su intención de presentar el informe de la Contraloría como evidencia en estas causas abiertas, reafirmando que el daño a Viña del Mar debe ser rectificado. Este enfoque legislativo de su administración, que busca la restitución y la sanción a los responsables, evidencia un giro hacia la justicia y la responsabilidad pública, que han sido temas recurrentes en la discusión pública local.
La controversia que rodea a la exalcaldesa Virginia Reginato ha generado un amplio eco en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde diversos extractos de los pronunciamientos de la alcaldesa Ripamonti han sido viralizados. La situación está lejos de solucionarse, ya que mientras los procesos judiciales se desarrollan, la administración actual de Viña del Mar enfrenta el desafío no solo de sanear las finanzas municipales, sino también de devolver la confianza a los ciudadanos. En este contexto, la responsabilidad política por las decisiones que afectaron el patrimonio municipal está ahora bajo el escrutinio público, marcando un escenario de cambio en la administración local.
