El gobierno del presidente Gabriel Boric se encuentra en el ojo del huracán por la creciente insatisfacción respecto a su gestión ambiental, según reveló un reciente informe de Chile Sustentable. Este documento indica que más de la mitad (54%) de los 67 compromisos ecológicos establecidos en el Programa de Gobierno «Apruebo Dignidad» se encuentran incumplidos, contrastando con un escaso 15% de logros alcanzados. Entre los compromisos más criticados se destacan la notable falta de un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, políticas de ordenamiento territorial deficientes y el incumplimiento de metas en energías renovables, lo que ha llevado a cuestionar la verdadera voluntad del gobierno en materia ecológica.
La situación se agrava con declaraciones de expertas como Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, quien no dudó en calificar al actual gobierno como «el peor en materia ambiental desde el retorno a la democracia». Según Liberona, la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile no ha sido considerada, lo que refleja la desconexión del Ejecutivo con las necesidades ambientales del país. En este sentido, la gestión del ministro Mario Marcel ha sido objeto de críticas intensas, pues según diversos sectores, su enfoque ha sido más favorable hacia la agilización de proyectos de inversión, sin considerar los impactos ambientales que estos podrían tener.
La inminente Cuenta Pública del gobierno ha sido vista con escepticismo por parte de ambientalistas y analistas, quienes sienten que, incluso si se presentan promesas o evaluaciones, los hechos hasta ahora han sido claros y desalentadores. En una reciente entrevista, Liberona expresó su desconfianza ante cualquier anuncio que pueda surgir de este evento oficial. Su opinión resuena en el ambiente crítico hacia una administración que prometió poner la sostenibilidad en el centro, pero que ha fallado en las acciones concretas necesarias para respaldar esa declaración.
La incongruencia en la política ambiental del gobierno se evidencia no solo en las críticas de la sociedad civil; incluso desde el oficialismo surgen voces disidentes. El senador Alfonso de Urresti ha cuestionado la priorización de diálogos con el empresariado sobre las demandas sociales y ambientales, afirmando que el gobierno ha entregado sus banderas ecologistas demasiado pronto. Del mismo modo, Jaime Araya, otro miembro del partido oficialista, ha manifestado su decepción por la falta de avances significativos en la agenda de protección medioambiental, lo que pone en duda el compromiso real del gobierno con sus promesas iniciales.
El informe de Chile Sustentable destaca retrocesos alarmantes en áreas clave para la sostenibilidad. En particular, la gestión de recursos hídricos y la transición energética han sido catalogadas como deficientes, ya que no se han hecho progresos significativos en la implementación de un modelo de gestión integrada de cuencas ni se han fijado metas claras para el plan de descarbonización. Además, proyectos como la Estrategia Nacional del Litio priorizan la explotación de recursos sin considerar adecuadamente el impacto en ecosistemas sensibles. Esta serie de retrocesos ha llevado a muchos a concluir que el gobierno fortalece un modelo extractivista, en lugar de avanzar hacia una transición socioecológica que beneficie a la ciudadanía y al medio ambiente.
