Durante su reciente visita oficial a Japón, el Presidente Gabriel Boric abordó por primera vez las controversiales filtraciones relacionadas con el caso ProCultura, que han causado revuelo en el ámbito político chileno. Semanas atrás, su nombre fue mencionado en una escucha telefónica dentro de la investigación liderada por el fiscal Patricio Cooper. A pesar de no figurar como imputado ni testigo, una conversación privada entre Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, salió a la luz. Larraín es conocido como el fundador de la Fundación ProCultura y examigo cercano de Boric, lo que aumenta las especulaciones sobre la relación entre el mandatario y los fondos de esta organización. El fiscal Cooper también había solicitado intervenir el teléfono del presidente, planteando sospechas sobre un posible financiamiento irregular de su campaña a través de la fundación, petición que fue denegada por la justicia.
Desde Osaka, en el marco de su participación en la Expo Mundial 2025, Boric se mostró confiado y reafirmó su compromiso con el respeto a las instituciones, señalando: «Estoy absolutamente tranquilo respecto a todas mis acciones.» El Presidente destacó la importancia de permitir que las instituciones funcionen sin interferencias políticas. Expresó que no ha ejercido presión alguna y subrayó su conducta ética y legal durante su mandato. A pesar del clima de incertidumbre que rodea el caso ProCultura, Boric se mantiene firme en su enfoque de transparencia ante la comunidad y las instituciones estatales.
Boric también enfatizó la necesidad de igualdad ante la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones judiciales, reiterando que ni la Fiscalía ni los tribunales deben tener un doble estándar en la investigación de los delitos que afecten la fe pública. «Caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigarse», afirmó el mandatario, dejando claro que apoya la indagación de cualquier irregularidad, especialmente cuando involucra a personas cercanas a su círculo. Su posición ha generado un debate significativo, tanto dentro de su gobierno como en la oposición, sobre el manejo de las investigaciones de corrupción.
El caso ProCultura se inscribe en el marco de una indagatoria más amplia conocida como el “Caso Convenios”, donde múltiples fundaciones están siendo investigadas por supuestas irregularidades en la recepción de fondos públicos. La Fundación Democracia Viva ha surgido como una de las entidades clave en estas indagaciones, lo que ha puesto en la mira a la diputada Catalina Pérez, del Frente Amplio, quien ha visto su reputación cuestionada por las acusaciones de mal manejo de fondos. Este entramado de corrupción ha generado un clamor popular por la limpieza del sistema y más exigencias de transparencia en el uso de recursos estatales.
Por otro lado, el tema ha escalado a las instancias judiciales, ya que la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó a la jueza Sissi Bertoglio Cortés que justifique, en un plazo de 24 horas, la autorización para la interceptación telefónica de Josefina Huneeus, quien no está imputada en la causa. Esta decisión surge a raíz de un recurso de amparo presentado por la defensa de Huneeus, que denunció un acto de «espionaje» e ilegalidad, argumentando que la Fiscalía se había equivocado al confundir su número con el de Larraín. A pesar de reconocer el error, el Ministerio Público ha defendido la intervención, alegando que Huneeus podría tener información relevante para la investigación.
