La tragedia reciente en la industria salmonera chilena ha vuelto a encender las alarmas sobre las condiciones laborales en este sector. En menos de una semana, dos buzos han perdido la vida, aumentando a 80 el número total de trabajadores muertos entre 2013 y abril de 2025, según el Centro Ecoceanos. Estos accidentes han puesto de manifiesto una crisis laboral profunda, donde la falta de regulaciones y la externalización de servicios parecen ser factores claves. El último de estos incidentes ocurrió en Aysén el 17 de abril, cuando Luis Godoy Mendoza, un buzo artesanal, falleció durante un accidente laboral en un centro de cultivo operado por la compañía Blumar, lo que ha suscitado interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas involucradas.
Los datos son alarmantes: en 2021 se registraron 11 muertes en la industria, de las cuales seis correspondían a buzos, y en 2022, tres de seis trabajadores que fallecieron eran también buzos. La cantidad de muertes en el sector salmonero ha llevado al Centro Ecoceanos a calificar la situación como inaceptable, señalando que el modelo de subcontratación, que impera en la salmonicultura chilena, favorece la evasión de responsabilidades y fomenta condiciones laborales inseguras. No es casualidad que un 40% de la fuerza laboral en este sector sea contratada a través de contratos temporales, sin acceso a derechos laborales básicos como la sindicalización o seguros de invalidez.
La respuesta del gobierno y de las autoridades a esta crisis ha sido cuestionada. A pesar de que organismos como el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Dirección del Trabajo poseen la capacidad de fiscalizar las condiciones laborales en la industria salmonera, los accidentes continúan ocurriendo sin una respuesta contundente que garantice la seguridad. Según Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, resulta inaceptable que mientras Chile es el segundo productor mundial de salmón, lidera también las tasas de mortalidad laboral, superando países como Noruega, donde entre 2012 y 2018 solo ocurrió un accidente mortal en la misma industria.
El contexto internacional también juega un papel importante en esta crisis. Con más del 38% del mercado global de salmón y envíos millonarios a Estados Unidos, Chile enfrenta presiones de otros países preocupados por estas condiciones laborales peligrosas. Recientemente, Australia ha comenzado a evaluar la posibilidad de prohibir las importaciones de salmón chileno debido a temores sobre riesgos sanitarios y laborales. Esta situación pone en riesgo no solo la viabilidad de la industria, sino también la dignidad y seguridad de miles de trabajadores que dependen de ella para su sustento.
Las comunidades costeras y los sindicatos han comenzado a alzar sus voces, exigiendo una moratoria en la expansión de la industria salmonera hasta que se puedan garantizar condiciones laborales seguras y adecuadas. La presión sobre las empresas y el gobierno se intensifica a medida que las muertes continúan y las denuncias de condiciones de trabajo inhumanas se multiplican. La última tragedia revela que estas muertes no son simples accidentes, sino consecuencias de un sistema que prioriza las ganancias corporativas sobre la vida humana. Sin un cambio estructural en la industria, es probable que esta crisis laboral continúe agravándose.
