En mayo de 2023, un controversial episodio en el Congreso chileno dejó al descubierto las tensiones entre los intereses empresariales de la industria salmonera y la protección del medio ambiente y las comunidades indígenas. La Comisión Mixta del Congreso rechazó una indicación clave en el proyecto de Ley SBAP, que buscaba regular las concesiones salmoneras en áreas protegidas. Este hecho fue resultado de un intenso lobby ejercido por parlamentarios de diversas coaliciones, como José Meza (Republicano) y Paulina Núñez (RN). A pesar de las advertencias sobre los impactos ecológicos, los argumentos económicos prevalecieron, lo que generó reacciones de desaprobación de expertos y ambientalistas, quienes advirtieron sobre un futuro incierto para la conservación de la biodiversidad en Chile.
La Ley Lafquenche, que protege los espacios costeros de las comunidades indígenas, ha enfrentado sistemáticos obstáculos por parte de la industria salmonera. En regiones como Magallanes, Aysén y Los Lagos, los Consejos Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC), influenciados por gremios salmoneros, han estado rechazando las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). A pesar de que estas solicitudes no buscan restringir concesiones preexistentes ni constituir propiedad privada, la respuesta ha sido negativa, evidenciando una clara falta de respeto hacia los derechos de las comunidades indígenas y la gobernanza colectiva.
Casos recientes han puesto en evidencia el desinterés del Estado ante estos reclamos. Por ejemplo, en agosto de 2024, la CRUBC de Magallanes votó en contra de la solicitud para establecer un ECMPO por la comunidad kawésqar As Wal La Iep, mientras que en Aysén, dos solicitudes fueron igualmente denegadas, dejando claro que los intereses salmoneros prevalecen. Las comunidades han denunciado que estas decisiones violan el Convenio 169 de la OIT, el cual garantiza los derechos de los pueblos indígenas, lo que ha llevado a una sensación de ausencia y desamparo por parte del Estado ante el abuso de poder por parte de la industria.
A medida que avanza el conflicto, la situación de la regulación de la acuicultura no ha mejorado. En noviembre de 2024, el gobierno suspendió la tramitación de la nueva Ley de Acuicultura ante la presión del sector salmonero, mientras que la Subsecretaría de FF.AA. solamente caducó un pequeño número de concesiones irregulares, a pesar de las pruebas presentadas por la Contraloría General. La Fundación Terram criticó la falta de acción del gobierno en la fiscalización de centros inactivos, resaltando que la inacción no solo vulnera la normativa ambiental, sino que también propicia un escenario de impunidad para las empresas que operan sin el debido control.
Finalmente, la falta de sanciones por sobreproducción y contaminación ha acentuado la crisis. La Superintendencia del Medio Ambiente ha dejado impunes numerosos casos de sobreproducción en reservas nacionales, y se han registrado perdonazos que han beneficiado a empresas como Nova Austral. Estas situaciones evidencian una compleja red de complicidades entre el Estado y el sector salmonero, que se alejan de los principios de gobernanza sostenible prometidos por el gobierno, dejando en evidencia la necesidad de un cambio estructural que priorice la salud ambiental y los derechos de las comunidades indígenas frente a los intereses empresariales.
